Ahora, la institución colegial valenciana, que es una de las primeras en España en asumir la certificación, tendrá que gestionar con las distintas administraciones las posibilidades de utilizar este sistema, un proceso que podría durar entre uno o dos meses.
El decano del Colegio de Valencia, Fernando Alandete, quien firmó el protocolo con el director del Proyecto de Firma Electrónica del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Reus, Pedro Huguet, afirmó que la utilización de la firma electrónica permite un acercamiento en la utilización de las nuevas tecnologías y comunicaciones “más ágiles, seguras, transparentes y económicas” con la administración.
Asimismo, Fernando Alandete añadió que la firma electrónica garantiza la confidencialidad y la seguridad de que, quien se comunica a través de internet, es un profesional de la abogacía.
Por su parte, Pedro Huguet explicó que, a partir de ahora, el Colegio de Abogados de Valencia podrá diseñar el catálogo de servicios al que, a través de la firma electrónica, podrán acceder sus colegiados. Se trata de un sistema “abierto” que permite la introducción de nuevas posibilidades para el abogado.
Entre ellas, citó la comunicación electrónica con las administraciones públicas; la recepción de escritos y remisión de informes a la Hacienda Pública; acceso al registro mercantil o la gestión del turno de oficio desde el propio despacho del letrado.
Esta idea, que el Consejo General de la Abogacía lleva estudiando dos años y cuenta con un presupuesto de nueve millones de euros, se aplicó inicialmente como plan piloto en Murcia, Palma de Mallorca y Reus, aunque tras el éxito del proyecto se decidió abrir una segunda fase de implantación, en la que Valencia es una de las primeras ciudades.
