Carmen Hermosín recordó que la Junta de Andalucía puso en marcha un turno de oficio gratuito, en colaboración con el Colegio de Abogados de Cádiz, con lo que considera que la Consejería de Justicia y Administración Pública debe tener control al tratarse de dinero público.
La consejera aludió al informe exhaustivo realizado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, donde se detectó que los informes se hacían en plantillas y no de forma individualizada, cuando la situación en la zona con la llegada de inmigrantes provoca que las actuaciones sean más rigurosas.
Por ello, tras asegurar que el servicio jurídico a los inmigrantes seguirá existiendo, reiteró que no le van a pagar a los abogados si no hacen su trabajo en condiciones y agregó que “tenemos comprobados que los incumplimientos se registran en determinados días y horas”.
A este respecto, aseguró que el Colegio de Abogados ha iniciado una investigación para aclarar las irregularidades y está colaborando en subsanar esas diferencias, aunque descartó que la Junta de Andalucía vaya a sancionar a los letrados afectados pues es una capacidad que sólo tiene el órgano colegial, al poseer ellos la titularidad de normas deontológicas.
