Según la Memoria, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y los nuevos juicios rápidos han incrementado las exigencias para los fiscales sin que se haya producido el correspondiente aumento de miembros de la carrera fiscal y de inversiones materiales.
Así, las fiscalías estiman que la actual plantilla y la dotación de medios es insuficiente para cumplir la función que se atribuye al Ministerio Fiscal y reclaman una dotación personal y material, con especial referencia a los peritos e intérpretes.
Por otro lado, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, los procedimientos abiertos por violencia doméstica aumentaron considerablemente durante el año pasado al experimentar un crecimiento del 29 por ciento.
Paralelamente al aumento de las agresiones, también crece la adopción de medidas cautelares de protección a la víctima. Así, la Memoria destaca que en el pasado ejercicio se acordaron 1.350, lo que supone un aumento del 61%, respecto al año anterior.
