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  • EDICIÓN DE 16/09/2003
 
 

APERTURA DEL NUEVO AÑO JUDICIAL

16/09/2003
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Ayer se declaró abierto el nuevo año judicial. En un acto solemne, celebrado en el Tribunal Supremo, el presidente de esta institución y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, rindieron homenaje a la Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, ha elogiado la Constitución como único instrumento idóneo para asegurar la defensa de los derechos y las garantías de los ciudadanos.

En este sentido, Francisco José Hernando defendió ayer el valor de la Constitución como “instrumento de convivencia”, calificando dicho texto como pieza central del ordenamiento jurídico.

Asimismo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial dedicó la segunda parte de su discurso de apertura del año judicial a hacer un repaso de la situación de la Justicia.

Francisco José Hernando confirma que sigue aumentando el número de asuntos que entran cada año en los Juzgados, pero elogia la capacidad resolutiva de los jueces y reclamó un esfuerzo para aminorar la lentitud de los procesos.

Además, elogió la nueva Ley de juicios rápidos, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en trámite parlamentario-, el proceso de profesionalización de la justicia y la Ley de Retribuciones.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, expresó en la apertura del año judicial “la satisfacción institucional por el deber cumplido” señalando que la Ley de Partidos ha puesto de manifiesto que el Estado de Derecho puede dotarse de instrumentos jurídicos para hacer frente al terrorismo.

Después, comentó las reformas legislativas impulsadas por Justicia destacando la del Estatuto del Ministerio Fiscal y se mostró optimista respecto al funcionamiento de los juicios rápidos.

Jesús Cardenal subrayó el incremento del delito de violencia doméstica, tras los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2002, y está de acuerdo con el criterio de integrarlo en el Código Penal junto a los delitos de tortura y contra la integridad moral.

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