Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista consideran que la Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorro del País Vasco introduce cambios en los órganos de representación de las cajas dirigidos a controlar estos órganos.
Asimismo, alegan que la Ley trata de introducir restricciones democráticas en el proceso electoral que vulneran el principio de democratización de las instituciones financieras vascas.
Además, los dos partidos coinciden en denunciar que según la regulación autonómica vasca se impide el pleno acceso de aquellos ayuntamientos y clientes que no sean del País Vasco, de manera que quedan sin representación en la asamblea general.
Dicha limitación, para el Partido Socialista, vulnera la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, pues esta exige que estén representadas todas las corporaciones locales en cuyo término tenga abierta oficina la caja de ahorros, así como la representación de todos los impositores sin distinción.
