Así lo ha expresado el fiscal del Tribunal Supremo, Jesús Bernal Valls, en un informe dirigido a la Sala de lo Civil del Tribunal, que el pasado 5 de junio admitió a trámite la demanda de Mariano Fernández Bermejo contra José María Michavila, en la que reclama al ministro 60.000 euros por haber atentado contra su honor.
La demanda responde a las manifestaciones que hizo José María Michavila en la que el Ministro acusó a Mariano Fernández Bermejo de haberse declarado en rebeldía en la aplicación de la Ley de juicios rápidos.
En su informe, Jesús Bernal Valls señala que en este caso “la cuestión litigiosa queda enmarcada en el ámbito del llamado conflicto o colisión de derechos fundamentales, entre la libertad de expresión y el derecho al honor”.
Considera el fiscal del Tribunal Supremo que la libertad de crítica de las personas públicas y referida a aspectos relacionados directamente con el ejercicio de su función permite una mayor flexibilidad y han de tolerarse o admitirse valoraciones y opiniones que en otro caso no serían admisibles.
