CAMBIOS EN EL SISTEMA JUDICIAL: REFLEXIÓN SOBRE LAS REFORMAS DE LA JUSTICIA
En los últimos tiempos, a propuesta del Gobierno, se han presentado proyectos de reforma de instrumentos jurídicos básicos como son el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Extranjería, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Todos los Proyectos coinciden en que reforman parcialmente importantes textos legales y, en ocasiones, como es el caso del Código Penal, se han presentado reformas sucesivas y próximas en el tiempo de un mismo texto legal.
Consideran Antonio Camacho y Miguel Carmona que esta situación da la impresión de que no existe una sistemática clara en dichas reformas y que se utilizan para hacer frente a imprecisas demandas sociales.
En su opinión, las reformas propuestas y las aprobadas, al afectar en algunos casos a la actividad de las instituciones básicas para el funcionamiento de la Administración de Justicia, necesitan una profunda revisión de su forma de actuación.
Para Antonio Camacho y Miguel Carmona la reforma realizada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no ha beneficiado a la Fiscalía General del Estado, sino por el contrario, y en su opinión, la reforma origina un Ministerio Fiscal fuertemente dependiente del Gobierno y donde no se han tenido en cuenta los principios que la Constitución establece como pilares de su funcionamiento.
Asimismo, respecto a esta Institución, entienden los autores, que la introducción en el último tramo de la tramitación parlamentaria del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de la limitación a sólo seis meses de la duración de las investigaciones que puede iniciar el fiscal, limitará gravemente la actividad investigadora del mismo.
Respecto al Consejo General del Poder Judicial, Antonio Camacho y Miguel Carmona, consideran que se ha convertido en la actualidad en un órgano con dos sectores profundamente enfrentados y sin grandes posibilidades de acuerdo.
Por lo que se refiere a las iniciativas legislativas, según estos autores, han sido sectoriales sin una visión de conjunto que demandaría una solución global al problema del actual funcionamiento de la Administración de Justicia.
Declaran, asimismo, Antonio Camacho y Miguel Carmona en este artículo, la imposibilidad de poner en marcha la Legislación de los Juicios Rápidos, dada la absoluta imprevisión acerca de los medios materiales y personales necesarios para llevarla a cabo.
En relación con las reformas legales realizadas a la Ley de Extranjería, y, en concreto, con la última de ellas efectuada en campaña electoral, los dos autores opinan que en ella se han introducido preceptos respecto a los cuales ya ha habido pronunciamientos judiciales sobre su lesividad para derechos fundamentales básicos.
