José María Aznar indicó que entre las medidas está la consideración del visado como permiso de trabajo y residencia, el refuerzo de los procedimientos de control y expulsión de extranjeros ilegales y la incorporación de la Sentencia del Tribunal Supremo al respecto.
Esta nueva reforma, que sigue a la llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, tiene dos objetivos: favorecer la inmigración legal y fortalecer la lucha contra la ilegal. Los cambios también incluyen el fortalecimiento del cuadro de sanciones para los inmigrantes ilegales y el aumento de las condiciones para los transportistas.
El Presidente del Gobierno agregó que también se transpondrán las directivas comunitarias aprobadas en la materia desde el Consejo de Sevilla, que afectarán a la homologación de sanciones, a las obligaciones de los transportistas y al reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión.
José María Aznar añadió que la reforma mantiene íntegramente el catálogo de derechos de los extranjeros en España y determinados derechos de asistencia sanitaria y educativa.
