Este primer informe se centra en las medidas adoptadas por los Estados miembros, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el fin de combatir el terrorismo.
El informe aboga por una extrema vigilancia para garantizar que las medidas adoptadas no atenten contra los Derechos Fundamentales.
Asimismo, el texto critica las condiciones de detención que se dan en los centros penitenciarios de los Estados miembros y subraya la necesidad de que se informe a los extranjeros detenidos, de manera completa, sobre sus derechos, ya sea en el momento de su entrada en el territorio o antes de su expulsión.
