La proposición planteaba reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional de forma que los cuatro magistrados que designa el Senado lo sean a propuesta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas previa consulta con los parlamentos autonómicos.
Varios diputados del Parlamento de Cataluña defendieron la iniciativa al considerar que ofrece la posibilidad de dar entrada a las Comunidades Autónomas en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional hasta que se reforme el Senado.
Por su parte, un diputado socialista planteó una objeción formal al texto en su mención a que los magistrados elegidos de este modo lo serían “en representación” de las Comunidades Autónomas ya que el Tribunal Constitucional no esta formado por representantes sino por juristas independientes.
