El texto establece que cuando un órgano jurisdiccional alcance un rendimiento individual especialmente notable, cifrado en la superación en un 20% del objetivo asignado al destino, se producirá un incremento comprendido entre el 5% y el 10% de la retribución fija.
En aquellos casos en que el rendimiento individual sea insuficiente, por causas directamente imputables al juez o magistrado, y no alcance el 80% del objetivo de su destino, la retribución fija se verá automáticamente minorada en un 5% de su cuantía.
Las retribuciones fijas aparecen estructuradas en básicas, formadas por el sueldo y la antigüedad, y complementarias por objetivos.
Durante el debate el diputado de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, consideró necesario extender el proyecto a todo el personal de la administración de Justicia, entre los que citó a los secretarios judiciales y a los forenses.
