Los responsables autonómicos firmaron el pasado día 12 de febrero un documento en el que subrayan que las Comunidades Autónomas aportarán cerca del ochenta por ciento del coste total de la Administración de Justicia.
El documento apoya también la territorialización de las pruebas de acceso a la carrera de jueces y fiscales por la concesión a las Comunidades Autónomas de competencias en materia de demarcación y planta judicial.
Al mismo tiempo, las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia solicitan el establecimiento de mecanismos que permitan definir el destino de las dependencias judiciales, cuyo uso gestionan las Administraciones Autonómicas de estas Comunidades.
