Además, en esta reunión se definirán las formas de cooperación activa de los terroristas con la democracia que les permitan la obtención de algún beneficio penitenciario, aunque sus penas superen los 80 años.
Según el Proyecto remitido por el Ejecutivo al Parlamento, los condenados a más de 80 años, al elevarse el cumplimiento íntegro de penas en España de 30 a 40 años, no podrían obtener ni beneficios penitenciarios ni tercer grado o libertad condicional, aunque quisieran reinsertarse y colaboraran con las autoridades.
Sin embargo, el propio Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo obliga a sus firmantes a que cualquier modificación legal sobre la lucha contra la violencia etarra sea consensuada en su seno.
Por eso, de la reunión del Pacto, que está prevista para antes de que termine este mes, saldrá el texto básico de las enmiendas al Proyecto de Ley que suavizarán los requisitos exigidos para la reinserción de los condenados por terrorismo, en línea con lo reclamado por el Consejo General del Poder Judicial.
