En su recurso, presentado el pasado 8 de mayo, el Gobierno estimaba que estos presupuestos vulneraban varios principios constitucionales al no incluir la totalidad de los ingresos y gastos y creaban una situación confusa que afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Esos son algunos de los argumentos que empleaba en su recurso contra la Ley 1/2002 del País Vasco por la que se aprobó una parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma ante la imposibilidad de lograr el apoyo de la Cámara Autonómica para el texto completo.
La deliberación del Pleno del Tribunal Constitucional concluyó ayer y el texto de la Sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eugenio Gay, será notificado durante los próximos días.
