De esta forma, la Juez queda suspendida al menos hasta la resolución del expediente disciplinario abierto contra ella por la presunta comisión de dos faltas muy graves y, en cualquier caso, durante un máximo de seis meses.
Cuando la investigación disciplinaria concluya el Consejo General del Poder Judicial podrá imponer, en su caso, una sanción definitiva de hasta tres años de suspensión, el traslado forzoso de destino o, en última instancia, la separación del servicio.
La decisión de la Comisión Disciplinaria no fue adoptada con la unanimidad de sus cinco miembros, sino con una mayoría de tres votos frente a dos.
Los primeros incidieron en que la gravedad de las acusaciones justifica la suspensión cautelar y los dos consejeros que se opusieron alegaron que en este momento, con la instrucción del expediente prácticamente concluida, era innecesario adoptar una resolución que bien podrá adoptarse definitivamente en breve.
