El Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y efectivo de las penas privativas de libertad tiene como objetivo evitar posibles supuestos de práctica impunidad, como consecuencia de la aplicación de beneficios penitenciarios.
La reforma introduce una serie de mecanismos jurídicos orientados a fortalecer el principio de seguridad jurídica y perfeccionar el ordenamiento jurídico penal.
El nuevo texto modificará el artículo 78 del Código penal de manera que los beneficios previstos en la Ley sólo puedan ser aplicados sobre la totalidad del número de años de pena impuesta.
Además, los condenados por la comisión de delitos de sustracción y enriquecimiento con fondos públicos tendrán limitado su acceso al tercer grado si no han devuelto las cantidades sustraídas.
Asimismo, los condenados por delitos graves con penas de más de cinco años de prisión no podrán acceder al tercer grado penitenciario en cualquier momento, sino hasta haber cumplido íntegra y efectivamente un periodo de seguridad, para ello, se modificará el artículo 36 del Código Penal.
Una de las primeras reacciones al Anteproyecto la ha realizado el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados quién ha asegurado que su grupo está dispuesto a estudiar reformas para garantizar la ejecución de las condenas y limitar el acceso al tercer grado penitenciario, pero ha criticado que el Gobierno haya optado por presentar un plan de reformas a través de un Anteproyecto de Ley, sin buscar antes el consenso con los distintos partidos.
