El propósito del Gobierno y el Partido Socialista es conseguir que la reducción de penas no se calcule sobre el máximo de cumplimiento -que el Código Penal fija en treinta años- sino sobre el total de la condena impuesta en la sentencia.
Quieren llevar a cabo estas medidas sin retocar la Constitución, pero las nuevas medidas obligarán a modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria.
El Ministro de Justicia subrayó ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso la necesidad de llevar a cabo estas modificaciones en el ordenamiento jurídico, después de que el Gobierno haya pedido la ilegalización de Batasuna y de que se hayan aprobado otras medidas, como la Ley de Partidos.
Según José María Michavila esta reforma legal pretende evitar que la Constitución sirva para que los terroristas vuelvan a ejercer su actividad criminal una vez condenados por los Tribunales.
Las iniciativas que quieren impulsar tanto el Gobierno como el Partido Socialista no han levantado la oposición frontal de ningún grupo, como quedó demostrado en la Comisión de Justicia e Interior.
