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  • EDICIÓN DE 17/12/2002
 
 

JUECES Y RESPONSABLES DE LA JUSTICIA ANALIZAN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN EN MADRID

17/12/2002
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Jueces de los diecinueve partidos judiciales que existen en la Comunidad de Madrid asistieron el pasado 12 de diciembre a las jornadas sobre “Las condiciones del ejercicio de la jurisdicción en Madrid-Región” que organizó el Consejo General del Poder Judicial.

Además de los jueces asistentes, participaron vocales del Consejo General del Poder Judicial, representantes de los abogados, procuradores, Ministerio Público, funcionarios y Comunidad Autónoma.

En la jornada se reconoció que la situación de la Administración de Justicia en Madrid no es muy satisfactoria en lo que se refiere a medios materiales, infraestructuras, personal y organización.

Durante la jornada, se escucharon las peticiones de los diferentes profesionales que participaron.

Los fiscales solicitaron más cooperación con los órganos judiciales, un estudio del crecimiento demográfico de las poblaciones para determinar la creación de plazas, o que se profundice en la descentralización, en la línea de la creación de juzgados de lo social fuera de la capital.

Por parte de la abogacía se reclamó la constitución de una mesa de trabajo para resolver los problemas que la asunción de competencias vaya generando, y se recordó que, al final, son los ciudadanos los que pagan las deficiencias de la justicia.

Los procuradores se quejaron del incumplimiento de los horarios por parte de los jueces y funcionarios y destacaron la necesidad de que se amplíe la plantilla de fiscales en la Región.

En cuanto a los jueces, reclamaron una mejor definición de los módulos de trabajo, no sólo según criterios de cantidad, sino de calidad, y que tenga en cuenta otros problemas y circunstancias de los juzgados.

Los funcionarios pidieron medidas para incentivar determinados destinos y frenar la movilidad e inestabilidad en aquellos órganos con mayor carga de trabajo.

También se trató el tema de la sobrecarga de asuntos en los juzgados de familia, la inexistencia de mediadores para resolver estos conflictos, y la necesidad de que los jueces que resuelvan estos asuntos tengan un conocimiento más extenso de los problemas.

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