EL DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES
La supresión parcial del Impuesto de Actividades Económicas es la pieza más importante del Proyecto de Reforma de la Financiación Municipal ya que quedarán exentos de tributar por este impuesto 2.118.800 contribuyentes, personas físicas y empresas cuya facturación no supere el millón de euros, y que representan el 92% de ellos.
Si se tiene en cuenta que la media de ahorro por contribuyente es de 400 euros, los ingresos que dejan de percibir los ayuntamientos por el Impuesto de Actividades Económicas, que a su vez representa el 6% de los ingresos municipales, ascienden a 847 millones, casi la mitad de la liquidación por este concepto del último año.
El día 8 de octubre, antes de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley, el Ministro de Hacienda se comprometió a aprobar un crédito extraordinario por vía presupuestaria para compensar las pérdidas de ingresos de los municipios de forma total o parcial.
En este sentido, la dirección de la Federación de Municipios y Provincias, adelantó al Ministro que no iba a aceptar ninguna modificación legal que suponga pérdidas de ingresos para los municipios ni que se traslade con cargo a otros tributos la disminución de ingresos del Impuesto de Actividades Económicas.
A principios del mes de octubre el Gobierno se quedó prácticamente sólo en la tramitación de la Ley de Haciendas Locales. Siete grupos presentaron enmiendas a la totalidad por la ausencia de garantías del Gobierno para resarcir a los municipios, que se arriesgan a perder el 20% de los ingresos que recaudan por impuestos.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro eludió cuantificar los recursos de que dispondrán los ayuntamientos con el nuevo sistema, ya que, señaló, dependerá de la propia evolución del modelo, de la recaudación y de la actividad económica, además de la política tributaria que aplique cada corporación local.
Esto produjo que tanto el representante del PSOE como los de IU, CiU, PNV y Grupo Mixto acusaran a Cristóbal Montoro de ocultar, tras la opacidad de las cifras, la pretensión del Gobierno de que los ayuntamientos tengan que buscar recursos por la vía de la subida de impuestos.
El día siguiente de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de reforma de las Haciendas Locales los socialistas anunciaron su oposición a la misma y abrieron la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
El responsable municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, afirmó que “el Ministerio de Hacienda ha estado ocultando durante un año a la comisión de estudio de la Federación de Municipios y Provincias la información sobre la recaudación fiscal territorializada y otros datos económicos para impedir un cálculo de las consecuencias de su propuesta financiera”.
En cuanto al contenido del Proyecto de Ley, los socialistas consideraron que no garantiza la suficiencia financiera de los ayuntamientos al suprimir el Impuesto de Actividades Económicas y exigir a los ayuntamientos que pongan otros impuestos.
Álvaro Cuesta denunció que el Gobierno mantiene en la oscuridad su promesa de compensar por la vía de los Presupuestos la pérdida municipal de ingresos por la supresión del Impuesto.
Por su parte, la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias acusó al Gobierno de una actuación institucional desleal al aprobar un Proyecto que, en su opinión, no garantiza la suficiencia financiera de los ayuntamientos.
Consideraba la Federación Española de Municipios y Provincias que el Proyecto de Ley no garantiza el mandato constitucional del artículo 142 respecto a la Hacienda Local: la suficiencia financiera. Asimismo, entendieron que tampoco da garantías al equilibrio territorial, la autonomía y la estabilidad de los recursos municipales, lo que, en definitiva, lleva a la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría en función de su lugar de residencia.
En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias declaró a mediados del mes de octubre que la modificación del Impuesto de Actividades Económicas no es más que un engaño basado en la creación, por parte del Gobierno, de un nuevo impuesto (Impuesto sobre Bienes Inmuebles comercial) que va a repercutir en muchos de los contribuyentes así como en el conjunto de las familias.
Sin embargo, en contra de la anterior opinión, la alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, consideró que el modelo era positivo para la nueva financiación local y que iba a permitir mayor suficiencia financiera a los ayuntamientos, además de una modernización de los tributos y de los ingresos locales.
Rita Barberá afirmó que “no puedo entender las descalificaciones de Álvaro Cuesta, que desde la ignorancia tacha este Proyecto, que está por negociar, diciendo falsedades, como que los ayuntamientos vamos a perder miles de millones, lo que es totalmente falso”.
Por otro lado, CiU presentó el día 31 de octubre en el Congreso de los Diputados, en el debate sobre la Ley de Haciendas Locales, la exigencia de que, por Ley, se garantizara a los ayuntamientos que no perderán nada por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas.
Pero no todo fueron críticas a la Reforma. El mismo día de la remisión a las Cortes del Proyecto, las Cámaras de Comercio hicieron unas declaraciones en las que consideraron que la reforma del Impuesto de Actividades Económicas impulsaría la creación de pymes y aumentaría la actividad económica, por lo que valoraron positivamente el Proyecto de Ley de reforma de las Haciendas Locales.
Las Cámaras de Comercio, el día 16 de octubre, calcularon que la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas supondría un ahorro medio anual de cuatrocientos euros para los 2,1 millones de pymes y autónomos que quedarán exentos de este tributo.
En un comunicado, este organismo aseguró que la reforma, unida a la bonificación del 50 por ciento en la cuota durante los cinco primeros años de vida de la empresa, favorecerá los proyectos de inversión productiva de las empresas e impulsará la actividad económica y la creación de nuevas compañías.
Sin embargo, la Confederación Española de Comercio, no está de acuerdo con las Cámaras de Comercio y, en igual fecha del comunicado de estas últimas, criticó la supresión del Impuesto de Actividades Económicas dentro del nuevo modelo de financiación local.
Los comerciantes señalaron que la reforma de las Haciendas Locales incorpora aspectos preocupantes e inapropiados, como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan modular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en función de los usos del inmueble y de la actividad comercial.
Igualmente, calificaron de inaceptable el límite de un millón de euros de facturación para determinar el pago del Impuesto de Actividades Económicas, ya que consideraron que se trata de una cantidad baja y que sería más conveniente que se tuviesen en cuenta los beneficios declarados.
El día 25 de octubre todos los grupos del ayuntamiento de Barcelona, salvo el Partido Popular, aprobaron una moción en la que reclaman al Gobierno que incluya en los Presupuestos del Estado una compensación cuantificada para los consistorios por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas o, en caso contrario, que la aplace hasta el año 2004.
Socialistas, CiU, ICV y ERC coincidieron en acusar al Gobierno de irresponsabilidad por reformar la Ley de Haciendas Locales sin contar con los ayuntamientos.
La moción pedía al Gobierno que incluyera en la reforma de la Ley y en los Presupuestos del Estado “la cuantificación precisa y el pleno compromiso de compensación real a los ayuntamientos para el 2003, mediante las oportunas entregas a cuenta del total de liquidación del Impuesto de Actividades Económicas prevista por el mismo año en los presupuestos municipales”.
Poco después, el día 28 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid reclamó la cesión de impuestos autonómicos para compensar la pérdida del Impuesto.
Finalmente, el día 11 de noviembre los socialistas plantearon que la supresión total de Impuesto de Actividades Económicas sea compensada a los ayuntamientos por la vía de los Presupuestos del Estado.
Según la enmienda socialista, el Gobierno debería asumir el compromiso de que esa cantidad compensatoria se consolidara en sucesivos ejercicios y aumentará anualmente.
El día 14 de noviembre se produjo la primera reunión formal entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para negociar la nueva financiación local y, aunque terminó sin acuerdo, quedó el compromiso del Gobierno de que la supresión del Impuesto de Actividades Económicas no suponga merma de ingresos a los ayuntamientos.
Así, después de más de un mes de intenso debate, el día 19 de noviembre, la Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, anunció que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias dará su respaldo unánime -es decir, con los votos del PP, PSOE, IU, Coalición Canaria, Partido Andalucista y Partido Aragonés Regionalista- al nuevo modelo de financiación local que, a su vez, introducirá una serie de modificaciones.
La solución final es el compromiso por parte del Ministerio de Hacienda de compensar a los ayuntamientos vía presupuestaria, consignación que constará por Ley tanto en la de los propios presupuestos como en la Reforma de la Ley de Haciendas Locales.
