La última jurisprudencia constitucional queda constituida por sentencias recaídas en su totalidad en procedimientos por recursos de amparo, siendo además la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.) la invocada en todos los casos.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2002 se refiere a los derechos fundamentales de los Entes públicos en relación con la legitimación de una Comunidad Autónoma para impugnar resoluciones sobre gestión de tributos cedidos de los Tribunales económico-administrativos. Por su parte la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/2002 resuelve sobre la vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con garantías en relación con la falta de citación y de audiencia al padre de una persona sometida a un proceso civil de incapacitación. La sentencia que inaplica una ley autonómica vigente, que establece un recargo tributario, sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, no está, a juicio del Tribunal Constitucional, fundada en Derecho y por tanto vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con garantías (Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2002). Vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) la inadmisión de demanda por no comparecer la demandante ante el Juzgado tras declararse competente, a pesar de haberse personado antes ante otros órganos judiciales (Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2002). Vulnera este mismo derecho (intangibilidad y ejecución) el fallo sobre un ejercicio tributario, cuya ejecución se dirige a otro año distinto (Sentencia del Tribunal Constitucional 175/2002). Se vulnera el derecho a la prueba cuando la sentencia desestima un recurso por falta de prueba tras haberse inadmitido las pruebas propuestas para contradecir el acta de la inspección laboral sobre la causa de un accidente (Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2002).
