Con esta medida, el Ejecutivo vasco rompe la decisión tomada en 1992 de no recurrir ante el Tribunal Constitucional porque cuestiona su neutralidad considerándolo un Tribunal parcial.
El Gobierno vasco entiende que la Ley de Partidos limita derechos de los partidos políticos que, a su juicio, no tienen acomodo en la Constitución, restringe derechos fundamentales contenidos en ella y vulnera los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de irretroactividad.
Respecto a las declaraciones emitidas por don Manuel Jiménez de Parga que afirmó que el Tribunal Constitucional no pondría reparos a la Ley de Partidos, cuyo proyecto le parecía correcto y que carecía de desviaciones importantes que pudieran ser tachadas de inconstitucionales, el Ejecutivo Vasco ha aclarado que no recusarán.
Por otro lado, se apuntó la posibilidad de que, en los próximos días, sea presentada la querella que se anunció contra el Juez don Baltasar Garzón la semana pasada.
