La Asociación no está de acuerdo con el endurecimiento de las penas, como ya hizo el Código Penal de 1995, sin intentar previamente desarrollar la totalidad de medidas alternativas que ese texto ideaba.
La Asociación de Jueces para la Democracia considera regresivo el tratamiento penitenciario que quiere darse al cumplimiento de las penas, abdicando de la función de reinserción social que debe presidir su aplicación, pues así se proclama por la Constitución.
Consideran que dificultar la progresión de grados sólo contribuirá a mantener a más personas en prisión durante más tiempo, pero no facilita una conveniente recuperación para la sociedad de los condenados.
En resumen, dicha Asociación, considera que la solución contra la delincuencia no puede ser más penas, más cárceles y menos reinserción, sino que debe atajarse con una política social decidida.
