El Impuesto sobre Actividades Económicas es, en estos momentos, una importante vía de financiación de las Haciendas Locales, siendo, después del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el recurso tributario que más ingresos genera.
Según el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de estos ingresos, aproximadamente el 75%, lo aportan un 10% del total de las empresas, las más grandes, mientras el 90% restante, a las que se les va a suprimir el tributo, aportan aproximadamente el 25% del total.
Teniendo en cuenta estas cifras, la supresión del tributo al 90% de las empresas supondría una merma recaudatoria para los Ayuntamientos que habría que compensar con otros ingresos. La propuesta que está elaborando Hacienda consiste en que parte de este coste se compense con la propia reforma del tributo.
En este sentido, el nuevo diseño del impuesto supondrá que las grandes empresas, que seguirán pagando el Impuesto, compensarán parte de lo que dejen de pagar las pequeñas, pero el incremento del tributo será desigual para unas empresas que para otras, e incluso algunas pagarán menos que con el diseño actual.
Por otro lado, el nuevo diseño del Impuesto sobre Actividades Económicas incluirá dos novedades importantes: no penalizará el empleo y tendrá en cuenta los beneficios. Así, entre los baremos para calcular la cuota a pagar no se incluirá el factor trabajo, por lo que no se pagará por el número de empleados que tenga la sociedad.
Igualmente, se redefinirán el resto de los baremos que se utilizan para determinar la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que, en su diseño actual, no tiene en cuenta el beneficio real de la empresa, sino determinados parámetros objetivos e independientes de los resultados reales de las sociedades.
Estas medidas se enmarcan en la reforma del sistema de financiación local, que el Ejecutivo pretende tramitar en las Cortes de manera paralela a los Presupuestos, de modo que la nueva normativa puede entrar en vigor el próximo 1 de enero.
