La Cámara Baja no tramitará esta iniciativa, con la que los socialistas pretendían crear un marco legislativo global contra los malos tratos que implicara a todas las Administraciones y abordara aquéllos ámbitos que afectan a las mujeres maltratadas.
La negativa del Partido Popular se basa en que no ve ventajas en el texto, que éste plantearía problemas jurídicos con las autonomías y que existen cuestiones imposibles de abordar tal como están planteadas.
El texto se centra en la prevención de la violencia controlando al máximo la desigualdad histórica de género y la protección de las mujeres, especialmente las perseguidas por sus cónyuges o excónyuges, ofreciendo una política integral.
Entre las medidas que propone destaca la creación de centros de emergencia y recuperación integral en toda España, la modificación del Estatuto de los Trabajadores para ampliar los derechos laborales de las víctimas, la modificación de la Ley de Ayudas y Asistencia a víctimas de delitos violentos y la puesta en marcha del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos.
