Con esta propuesta se pretende una modificación de la normativa de las Ofertas Públicas de Adquisición de acciones que consistirá en que estará obligado a lanzar una Oferta todo aquel que tome una posición mayoritaria en el Consejo de una Sociedad o pague un sobreprecio para hacerse con las acciones que le dan el control de la compañía.
Esta obligación se mantendrá incluso después de haber comprado los títulos, lo que supone que un accionista se podría ver obligado a presentar una Oferta Pública de Adquisición de acciones si tras la adquisición se comprueba que ha tomado el control del Consejo o que el precio que ha abonado excede la cotización media de los títulos en los meses anteriores.
Se afirma que esto no supone retirar el límite del veinticinco por ciento que está establecido actualmente, y que se mantendrán los porcentajes de compra actuales.
También se pretende acabar con las desventajas que tienen los pequeños accionistas en las Juntas, ya que la mayoría de ellos tiene dificultades para poder votar las propuestas que en ellas presenta el Consejo de Administración.
Por ello, se pide que se imponga la obligación de que las empresas cotizadas den a sus accionistas la posibilidad de votar de forma telemática, ya sea por teléfono o por Internet, y también por correo.
