La Proposición de Ley de los juicios rápidos, firmada por todos los partidos como uno de los éxitos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia con el fin de mejorar la lucha contra la delincuencia común, fue admitida a trámite por el Pleno del Congreso en el mes de abril, pero se han presentado más de 150 enmiendas con el objetivo de mejorar el texto.
Se ha criticado que el Ministerio de Justicia aún no haya presentado la memoria económica que debe acompañar a esta Proposición, en la que deben figurar las partidas presupuestarias que se destinarán a los juicios rápidos.
En el mes de marzo el Ministro de Justicia, don Ángel Acebes anunció que la reforma de los juicios rápidos entraría en vigor este mismo verano con el propósito de aplicarlos a la pequeña delincuencia que se produce en las zonas turísticas.
Sin embargo la tramitación de la Proposición se ha paralizado en su primera fase parlamentaria y no se aprobará en este periodo ordinario de sesiones, que termina a finales de este mes de junio.
Una de las causas por las que se ha dilatado el proceso es que al regular los juicios rápidos se están modificando cuestiones del procedimiento abreviado y se hace necesario tramitar separadamente aquellos artículos que tengan carácter orgánico, siendo precisa una segunda Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja, entre otras cuestiones, la asistencia letrada en estos procesos especiales.
