MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, en 2022, desestimó su reclamación frente a la Comunidad de Madrid por el impago de los gastos derivados del convenio de colaboración en materia de educación infantil durante el curso 2019-2020.
La resolución declara el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación y Juventud del convenio suscrito con el Consistorio ripense y condena a la Comunidad de Madrid a abonar 451.399,52 euros en concepto de financiación correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, coincidiendo con la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos por la crisis sanitaria del Covid-19.
El convenio establecía la cofinanciación del funcionamiento de las escuelas infantiles y la Casa de Niños de titularidad municipal, y su cumplimiento fue objeto de controversia cuando, tras el cierre de los centros por la Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento mantuvo los contratos de prestación de servicios con el personal educativo para asegurar la continuidad de las actividades a distancia.
El Tribunal Supremo considera que la Comunidad de Madrid debía mantener sus obligaciones de financiación, dado que el Ayuntamiento asumió los costes del servicio pese a la suspensión de las clases presenciales.
Por tanto, se condena a la Comunidad de Madrid a cumplir con las obligaciones de financiación contraídas en dicho convenio de colaboración, con el consiguiente abono al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de los gastos de Educación Infantil acreditados, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del curso escolar 2019-2020, cuantificados en la cifra de 451.399,52 euros.
De este modo, el Alto Tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior de Madrid TSJM y estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el consistorio. La decisión no impone costas procesales a ninguna de las partes, que deberán asumir sus propios gastos.
