EL ETERNO RETORNO DEL PROCÉS
Como en los últimos quince años se han presentado ante la Mesa del Parlament de Catalunya nada menos que cuatro iniciativas legislativas populares para pedir la independencia de Cataluña (enero y abril del 2008, junio de 2019 y septiembre de 2022), uno está tentado de comentar la quinta con la vieja frase del Eclesiastés: Nihil novum sub sole. Sin embargo, comparando lo acordado ayer por la Mesa con lo decidido en las otras ocasiones se advierte una gran diferencia: si no hay nada nuevo en la iniciativa, sí que lo hay en la respuesta de la Mesa del Parlamento pues todos los acuerdos anteriores fueron de inadmisión, siguiendo el informe previo de los Servicios Jurídicos del Parlamento; no ha sido así en esta ocasión, a pesar de que esos Servicios Jurídicos han vuelto a dictaminar lo que es evidente y palmario -según la terminología del Congreso de los Diputados- para cualquier jurista y de sentido común para cualquier ciudadano: que el ordenamiento jurídico español no permite que un Parlamento autonómico declare la independencia de su territorio.
Para analizar esta decisión debemos de partir dando por descontado que los miembros de las mesas de cualquier parlamento no suelen tomar sus decisiones atendiendo a criterios jurídicos y sí a estrategias de partido. Muy especialmente los políticos independentistas, que no suelen manifestar mucha lealtad constitucional (es decir, el convencimiento de que tienen la obligación de ejercer sus cargos respetando la Constitución). Por eso, la razón de que la Mesa del Parlament haya admitido tramitar una propuesta inconstitucional no es jurídica y sí claramente política, y no es otra que el mayor peso que actualmente tienen los separatistas en ese órgano: los dos diputados de Junts han unido su voto favorable al de la CUP, mientras que los dos del PSC han votado en contra y el de ERC se ha abstenido. Una primera explicación de esta votación se puede basar en las posturas más rupturistas de los votantes a favor, mientras que ERC sigue su senda institucional y de alianza con el PSOE, pero no hasta el punto de votar en contra; supuesto que en cualquier caso no habría servido para rechazar la iniciativa ya que si se produce un empate el Reglamento del Parlamento determina que la presidencia tiene voto de calidad, y en estos momentos la presidenta es de Junts. Otra cosa sería si hubiera asistido a la reunión el séptimo miembro de la Mesa, de ERC, huido a Suiza; en ese caso los dos votos republicanos sí que hubieran podido inclinar el resultado si se hubieran unido a los dos socialistas.
Sin duda, se puede considerar este radicalismo de Junts como una posición táctica para influir en la redacción final de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”; pero, sea por ese motivo o simplemente porque quiere ser congruente con lo que votó en el pasado en las otras iniciativas de independencia, lo cierto es que su voto favorable no muestra mucha congruencia ni con el título de la ley orgánica de amnistía ni con las reiteradas afirmaciones de su inacabable preámbulo del gran efecto que tiene la amnistía para terminar con la tensión política y social en Cataluña. Si de tantas llamadas a la concordia que hace esa proposición algún lector de buena voluntad concluyó que la amnistía se tramita porque se ha producido el abandono de la vía unilateral del procés, ayer vería que su conclusión fue algo precipitada. Y desde luego, si una condición previa para la amnistía es una mínima cesión por parte de los independentistas en su modo de actuar al margen del ordenamiento jurídico para conseguir su objetivo, ayer tanto Junts como ERC perdieron una gran ocasión de demostrar que aceptan esta premisa. Para ellos, la amnistía no es una decisión para lograr la concordia y la reconciliación, sino que se trata simplemente de acabar con la represión a los independentistas, como por lo demás se puede leer con claridad en todos sus medios de comunicación a poco que uno se tome la molestia de consultarlos en Internet. Algo que, al parecer, no han tenido tiempo de hacer ni los autores de la proposición de ley ni aquellos que la defienden basándose en la concordia.
Precisamente, el hecho de haber votado a favor de una iniciativa palmariamente inconstitucional nos lleva a los juristas a preguntarnos por las responsabilidades de los miembros de la Mesa que han actuado así, incumpliendo sin ningún género de dudas con su obligación de respetar la Constitución. Vox y Ciudadanos han advertido que van a exigir responsabilidades ante los tribunales a esos diputados. Veremos cómo ejecutan su advertencia; por mi parte, no acabo de encontrar el instrumento jurídico para hacerlo pues su conducta me parece que no está sancionada en ninguna ley, sin que pueda incluirse dentro de la prevaricación porque la tipificación de ese delito en el Código Penal excluye este tipo de decisiones parlamentarias. Es más, el Estatuto de autonomía les garantiza la inviolabilidad por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Más factible veo que presenten un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en línea con los que se presentaron en la época del procés basándose en que afecta a su derecho de participación política obligarles a discutir propuestas claramente inconstitucionales. Si así fuera, podríamos decir que otra vez empieza el ciclo del procés, con continuas decisiones del Parlamento catalán y de sus órganos de gobierno recurridas ante el Constitucional. Entonces sí que podríamos aplicar la frase bíblica y decir que ayer no hubo nada nuevo bajo el Sol.
Espero que no haya lugar a eso porque con gran optimismo tengo la ilusión de que la reconsideración del asunto que, en aplicación del artículo 30 del Reglamento, va a proponer el PSC a la Mesa le permita a esta actuar conforme a Derecho e inadmitir la iniciativa legislativa popular. Entonces quizás los dos diputados de Junts se abstengan, o quizás aparezca el diputado huido de ERC y él y su correligionario voten en contra. ¡Pueden pasar tantas cosas en política! Incluso que aparezca la diosa Temis y les recuerde a los siete diputados que tienen la obligación de respetar la Constitución por encima de sus convicciones políticas.
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