BRUSELAS, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La convocatoria de la Comisión Europea exigía a los candidatos el conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE, así como un nivel medio de una segunda lengua, que debía ser una de las cuatro ya citadas.
España cuestionó la legalidad de la convocatoria por la limitación a esos cuatro idiomas, así como que la segunda lengua se empleara para redactar el formulario de candidatura, para las pruebas del centro de evaluación y para comunicarse con las autoridades de la oposición, hecho que la Comisión consideraba válido para demostrar la elección de un candidato que pueda ser "inmediatamente operativo".
En su fallo, el TJUE señala que la limitación de la segunda lengua a un número restringido de lenguas, excluyendo las demás lenguas oficiales, "constituye una discriminación por razón de la lengua, prohibida salvo que pueda justificarse en interés del servicio".
Asimismo, el órgano de Justicia considera que la Comisión no ha justificado que exigir que los candidatos a las oposiciones en cuestión posean un conocimiento satisfactorio de alguna de las cuatro lenguas propuestas en la convocatoria permita seleccionar a candidatos operativos desde su incorporación.
