MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Así se refleja en la referencia del Consejo de Ministros en la que se señala que por "razón de la declaración de emergencia" se emplearán 799.035,60 euros, IVA incluido, a la "compra y adquisición de suministros necesarios para la protección de la salud" de los funcionarios de Justicia.
En la última reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia, formada por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia, celebrado el pasado viernes, se incidió en la necesidad de seguir dotando de equipos de protección individual a los empleados públicos y a los profesionales que acuden a las sedes judiciales.
SERVICIOS ESENCIALES DESDE EL INICIO DEL ESTADO DE ALARMA
Con la aprobación del real decreto-ley que declaró el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales y estableció una serie de servicios esenciales, que se deben seguir manteniendo mientras dure la pandemia.
Desde entonces, las asociaciones y sindicatos de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia --antes denominados secretarios judiciales-- y funcionarios han reclamado al Ministerio de Justicia (algunos incluso en los tribunales) la provisión de material de protección para aquellos trabajadores que tienen que acudir a las sedes judiciales para garantizar la prestación de estos servicios mínimos y los de guardia.
Una demanda que ha seguido exigiéndose después de que el pasado 13 de abril, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de forma consensuada con el CGPJ, dictará una resolución que levantaba la restricción de presentar escritos por medios telemáticos. Su entrada en vigor, dos días después, supuso la reincorporación en los juzgados y tribunales de parte de los funcionarios.
CONTRATO POR EL IMPORTE DE 550.000 EUROS
El Ministerio de Justicia ya formalizó a finales del pasado mes de marzo un contrato con la empresa española Merydeis por un importe de 553.058 euros para la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para cubrir las necesidades de los órganos judiciales durante un periodo de 45 días, a partir de su recepción en cada sede.
Un material que se puso a disposición de los trabajadores que están prestando los servicios esenciales en las sedes judiciales y que se proporciona al usuario, justiciable o detenido, así como al acompañante si su presencia fuera necesaria, cuando sea imprescindible el acceso a la sede y se manifieste alguna afección respiratoria. Todo ello siguiendo un protocolo de racionalización extremo en su uso.
