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Justicia: ‘Hannibal ad portas’; por Eduardo Pastor Martínez, magistrado mercantil en Valencia

07/01/2020
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El día 7 de enero de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Eduardo Pastor Martínez, en el cual el autor opina que un Poder Judicial independiente es la frontera para la protección de los derechos de todos y, junto a la Corona, la Justicia ha sido la única institución que ha cumplido durante los últimos años con su cometido constitucional.

JUSTICIA: ‘HANNIBAL AD PORTAS’

Hace un año que el proceso de renovación del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), que precisa de un amplio consenso parlamentario, resultó interrumpido tras el comprometedor episodio protagonizado por el portavoz popular en el Senado. Aquello produjo consecuencias graves: el órgano funciona desde entonces en condiciones de anormalidad y quien hubiera resultado un magnífico presidente excluyó su designación. Pero solo uno de los candidatos judiciales para sus vocalías siguió ese ejemplo: las asociaciones judiciales, con su silencio, reconocieron que la renovación del órgano debe quedar sujeta a criterios de oportunidad política.

El presidente del Gobierno ha manifestado que la “deriva judicial” del proceso contra el procés ha causado un dolor innecesario. Quien será su vicepresidente insiste, como ya hiciera en 2016, en el obligatorio compromiso ideológico del Poder Judicial con los objetivos políticos que asuma el nuevo Gobierno. Uno y otro han pactado la modificación de las condiciones de acceso a la carrera judicial. Un ministrable ha tachado a la judicatura de horda reaccionaria que merece ser purgada. Una ministrable, nada menos que a la cartera de Justicia, ha señalado que la sentencia del procés es injusta. Diputados del sector progresista consideran antidemocráticas las resoluciones para la inhabilitación parlamentaria de los Sres. Torra y Junqueras. Se insinúa que la fiscal general del Estado es molesta. Mientras tanto, la investidura se ha dado con el apoyo tácito de un partido político cuyos líderes están en prisión y condicionada a la constitución -sin mención de la Constitución- de una mesa de diálogo para una nueva legalidad.

Es evidente el agotamiento del Estado constitucional y durante los próximos años afrontaremos la reformulación de sus bases. ¿Qué obstaculizará ese tránsito? La rigidez de los mecanismos de reforma de la Constitución. ¿Qué interviene como última salvaguarda de la Constitución? La Corona, símbolo de la permanencia del Estado, y el Poder Judicial, que administra Justicia independiente en nombre de aquélla. Sus enemigos acechan amenazantes bajo sus almenas.

Los jueces seremos la primera víctima de esta nueva etapa política. Es fácil predecirlo. No resulta tan sencillo adivinar quién será la última: un Poder Judicial independiente es la frontera para la protección de los derechos de todos y, junto a la Corona, la Justicia ha sido la única institución que ha cumplido durante los últimos años con su cometido constitucional.

El derecho es un remedio para la solución de conflictos, pero para lograrlo no basta una ley justa. Es también necesario preservar un Poder Judicial libre de injerencias políticas: la de quienes quieren transformar la composición de la judicatura aduciendo caducos argumentos de clase, la de quienes pretenden diluir la separación de poderes para imponer a los tribunales que adecúen sus respuestas a su conveniencia y la de quienes consideran que, más allá de la legalidad constitucional, existe otra intangible que amparará cualquiera de sus excesos. La democracia es frágil y pocos cuidan de ella.

El CGPJ es el órgano que rige asuntos como la selección de magistrados del Supremo, la composición del profesorado de la Escuela Judicial, la convocatoria de oposiciones de ingreso a la carrera o el control disciplinario de sus miembros. Y si las asociaciones consideraron que su renovación estaba sujeta a criterios de oportunidad política, parece el mejor momento para que sigan haciéndolo retirando a sus candidatos. Mantener paralizado ese proceso de renovación puede ser, dentro de la excepcionalidad constitucional, lo menos dañino para la Constitución. La defensa de las instituciones exige que se evite su politización, que es tanto como impedir que se trate de influir en la política a través de ellas. Pero las instituciones deben también defenderse a sí mismas.

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

La confianza en la justicia decae cada vez que el TJUE revoca lo que en ella se dice; doctrina Parot, claúsulas suelo, etc. Decae cuando ignora que se violó el art.155.2 cesando el Goboierno a quienes sólo podía obligar a actuar, tal como establece el Estatuto aprobado por las Cortes, Decae cuando el Presidente del Tribunal se niega a pedir a los tribunales de la justicia belga y de la alemana la entrega de personas a las que imputaba los delitos de desobediencia y malversacion de fondos, al que esos tribunales estaban dispuestos. Decae al ver que al Ministerio Fiscal le parece bien. Decae cuando, tras la eleccion como Diputados del Parlamento Europeo el TS no respeta su inmunidad que adquirió al cerrarse las urnas, aunque la prueba emergiera al proclamarse los resultados. Decae al ver la distinta diligencia para la prisión que para la libertad cautelar. Decae cuando, tras pedir informe al TJUE no suspende el proceso, no pide que se levante su impunidad y dicta sentencia sin competencia, que ha perdido al adquirir la impunidad.
Sin duda algo habrá que hacer con esa justicia que no respeta los tratados internacionales sobre justicia. No sé que, pero algo sí.

Escrito el 07/01/2020 15:25:05 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

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