JUSTICIA: ‘HANNIBAL AD PORTAS’
Hace un año que el proceso de renovación del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), que precisa de un amplio consenso parlamentario, resultó interrumpido tras el comprometedor episodio protagonizado por el portavoz popular en el Senado. Aquello produjo consecuencias graves: el órgano funciona desde entonces en condiciones de anormalidad y quien hubiera resultado un magnífico presidente excluyó su designación. Pero solo uno de los candidatos judiciales para sus vocalías siguió ese ejemplo: las asociaciones judiciales, con su silencio, reconocieron que la renovación del órgano debe quedar sujeta a criterios de oportunidad política.
El presidente del Gobierno ha manifestado que la “deriva judicial” del proceso contra el procés ha causado un dolor innecesario. Quien será su vicepresidente insiste, como ya hiciera en 2016, en el obligatorio compromiso ideológico del Poder Judicial con los objetivos políticos que asuma el nuevo Gobierno. Uno y otro han pactado la modificación de las condiciones de acceso a la carrera judicial. Un ministrable ha tachado a la judicatura de horda reaccionaria que merece ser purgada. Una ministrable, nada menos que a la cartera de Justicia, ha señalado que la sentencia del procés es injusta. Diputados del sector progresista consideran antidemocráticas las resoluciones para la inhabilitación parlamentaria de los Sres. Torra y Junqueras. Se insinúa que la fiscal general del Estado es molesta. Mientras tanto, la investidura se ha dado con el apoyo tácito de un partido político cuyos líderes están en prisión y condicionada a la constitución -sin mención de la Constitución- de una mesa de diálogo para una nueva legalidad.
Es evidente el agotamiento del Estado constitucional y durante los próximos años afrontaremos la reformulación de sus bases. ¿Qué obstaculizará ese tránsito? La rigidez de los mecanismos de reforma de la Constitución. ¿Qué interviene como última salvaguarda de la Constitución? La Corona, símbolo de la permanencia del Estado, y el Poder Judicial, que administra Justicia independiente en nombre de aquélla. Sus enemigos acechan amenazantes bajo sus almenas.
Los jueces seremos la primera víctima de esta nueva etapa política. Es fácil predecirlo. No resulta tan sencillo adivinar quién será la última: un Poder Judicial independiente es la frontera para la protección de los derechos de todos y, junto a la Corona, la Justicia ha sido la única institución que ha cumplido durante los últimos años con su cometido constitucional.
El derecho es un remedio para la solución de conflictos, pero para lograrlo no basta una ley justa. Es también necesario preservar un Poder Judicial libre de injerencias políticas: la de quienes quieren transformar la composición de la judicatura aduciendo caducos argumentos de clase, la de quienes pretenden diluir la separación de poderes para imponer a los tribunales que adecúen sus respuestas a su conveniencia y la de quienes consideran que, más allá de la legalidad constitucional, existe otra intangible que amparará cualquiera de sus excesos. La democracia es frágil y pocos cuidan de ella.
El CGPJ es el órgano que rige asuntos como la selección de magistrados del Supremo, la composición del profesorado de la Escuela Judicial, la convocatoria de oposiciones de ingreso a la carrera o el control disciplinario de sus miembros. Y si las asociaciones consideraron que su renovación estaba sujeta a criterios de oportunidad política, parece el mejor momento para que sigan haciéndolo retirando a sus candidatos. Mantener paralizado ese proceso de renovación puede ser, dentro de la excepcionalidad constitucional, lo menos dañino para la Constitución. La defensa de las instituciones exige que se evite su politización, que es tanto como impedir que se trate de influir en la política a través de ellas. Pero las instituciones deben también defenderse a sí mismas.
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