LAZOS Y DERECHOS
Desde hace largos meses venimos padeciendo una invasión de los más variopintos aditamentos que reflejan la simbología prefigurada desde el secesionismo y, ahora, en período electoral, el debate acerca de su presencia, especialmente en el espacio y edificios públicos, cobra un interés distinto.
Tan distinto que, al centrarse el tema en el hecho de que la Junta Electoral Central, ha exigido a las administraciones públicas que retiren toda esa simbología por entender que constituyen un ejercicio de propaganda política, se ha olvidado que esos lazos y pancartas no son sólo propaganda política sino que constituyen un símbolo de dominación. Contamos con sentencias previas acerca de la implantación de las banderas esteladas en los edificios públicos, en las rotondas, en el espacio público, en suma. El Defensor del Pueblo ha reclamado fehacientemente la debida neutralidad con que debe cumplir el espacio público, en escuelas, universidades, administraciones, etc. etc. Se han creado “brigadas de limpieza” que retiran lazos y demás ornamentos en calles y plazas, recibiendo todo tipo de insultos y acosos por parte del secesionismo, incluso, a veces, del secesionismo institucionalizado.
Los hay, también, que hablan de libertad de expresión y argumentan que si ellos izan banderas y enganchan lazos amarillos, que los otros hagan lo propio con su propia simbología. Olvidan, quienes eso defienden, que, incluso fuera de campaña electoral se infringiría la ley, tal como viene afirmando la jurisprudencia del TC y del TSJC al respecto. Por lo tanto, nada de equidistancia, sino todo lo contrario. Son quienes retiran la simbología política ilegal quienes reponen adecuadamente el uso neutral del espacio público, que es lo que la ley prescribe. Además, en la línea de exhibición internacional de todo lo que envuelve al secesionismo, no podemos olvidar que, manteniendo como mantienen la intención de realizar un nuevo “referéndum de autodeterminación” o de recuperar o renovar la declaración unilateral de independencia (siempre, dicen, según el resultado del juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo), en Derecho internacional, para consolidar posiciones de cara a la construcción de un Estado, es necesario demostrar que quien pretende crearlo: Primero domina el territorio (afortunadamente se está comenzando a revertir la situación con las manifestaciones y otras acciones en las que la ciudadanía ha salido a la calle a defender sus derechos como catalanes, españoles y europeos; y, en segundo término, crea Derecho y lo consolida (cuidado ahí, que de facto, están aplicando de facto leyes declaradas contrarias a la Constitución por el TC, manteniendo lo que denominan “estructuras de estado”) y transforma las instituciones oficiales creando otras paralelas que suplantan a las legítimamente primigenias. Todo ello aderezado de la correspondiente simbología para demostrar, también visualmente, que se tiene el control de la situación.
De ahí que el constitucionalismo utilice un concepto equivocado para exigir la retirada de los lazos y pancartas si sólo los identifica como propaganda política. No son sólo propaganda política sino, esencialmente, símbolo de dominación. Por eso, cuando no tienen más opción que retirarlos, porque incluso parte de “los suyos” estiman que deben hacerlo mientras dure la campaña electoral (esto es lo que ha expresado el Síndic de Greuges) pretenden sustituirlos transitoriamente por otros que no sean los mismos que estaban exhibiendo, obligando así a una nueva toma de posición de las autoridades de control electoral. Todo es intercambiable, porque no se trata sólo de propaganda. Se trata de demostrar que la calle es suya, que la administración es suya, que las instituciones son suyas. Para evidenciar que, con la ocupación del espacio público, se constriñe incluso la voluntad de quien no concuerda con ellos.
Este es el verdadero drama de todo esto. No ya tanto el problema institucional, con la negación de la Constitución o la parálisis de las instituciones, que también, sino el calvario por el que está pasando esa ciudadanía a la que no se le da otra opción que la aquiescencia, con clara vulneración de sus derechos fundamentales.
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