MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En un comunicado difundido este viernes, el Consejo explica que estos abogados que han realizado actuaciones en el marco de la asistencia jurídica gratuita en los territorios que son competencia del Ministerio de Justicia --Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla--, y en Madrid, en relación a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, no han percibido aún ninguna compensación desde finales del año pasado, "pese al compromiso adquirido de efectuar los pagos mensualmente".
El Ministerio de Justicia se comprometió en abril de 2018 --entonces dirigido por Rafael Catalá-- a pagar mensualmente, y no trimestralmente, a los colegios de abogados las liquidaciones generadas por el turno de oficio. Si bien, los letrados de la asistencia jurídica gratuita no es la primera vez que se quejan de la permanencia del abono trimestral y de su retraso.
El Consejo hace este requerimiento después de celebrar en su sede una reunión con los decanos del territorio dependiente del Ministerio y subraya que este retraso en el abono de tres meses del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita "supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los profesionales de la abogacía como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución".
A finales de octubre de 2018, el CGAE denunció al Ministerio de Justicia que aún no había realizado el abono correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, algo que finalmente fue solucionado cuando unos días después el departamento de Delgado autorizó el desbloqueo de 7,8 millones de euros.
PAGO "DUPLICADO" A LOS ABOGADOS DE OFICIO DE GÜRTEL
El Ministerio no procedió al pago del tercer trimestre del año pasado hasta que el Consejo General de la Abogacía --encargado de gestionar los pagos en el territorio común-- no reintegró el importe de 591.297 euros que habían sido pagados de más por el anterior equipo ministerial, dirigido por Rafael Catalá. Estos casi 600.000 euros correspondían al pago de los servicios de oficio que prestan algunos abogados en el 'caso Gürtel'.
Justicia afirmó que esta cantidad "duplica" lo establecido en el convenio firmado con Catalá, que prevé que el importe máximo a abonar a cada uno de los 19 letrados que han trabajado en esta macrocausa ascendería a 30.000 euros. Para esto, el equipo del anterior ministro "libró un pago adicional al CGAE --que se sumó a esos 570.000 euros-- por valor de 591.297 euros sin cobertura legal alguna", señaló el Ministerio.
La actual ministra paralizó el ingreso de los más de 7 millones de euros que fueron destinados a los 20.000 abogados del turno de oficio hasta comprobar que se habían devuelto los otros 600.000 euros. Lo hizo al recibir la advertencia de la oficina presupuestaria del Ministerio de que el cobro indebido de esa cantidad impediría al Consejo General de la Abogacía Española recibir nuevos abonos en aplicación del artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones.
EVITAR COMISIÓN DE DELITOS
De este modo, el Ministerio quería evitar la comisión de delitos: "En caso de haber pagado al CGAE esta última cantidad sin la devolución de lo indebidamente percibido por este organismo, tal como sus responsables reclamaban, los funcionarios del ministerio implicados en el abono de esa cantidad podrían haber cometido delitos como prevaricación o malversación de caudales públicos", apostilló.
En medio de toda esta polémica, la ministra firmó la orden ministerial por el que se actualiza los módulos y bases de compensación de las prestaciones que reciben los abogados y procuradores del turno de oficio en las comunidades autónomas que no tienen competencias en materia transferidas. Esta actualización supone el incremento de una media del 24 por ciento, el "primero" que se produce en 15 años, según subrayó el Ministerio.
