Se trata del primer aumento en 15 años de los distintos conceptos por los que reciben sus pagos los letrados y procuradores que prestan este servicio. La aprobación de la norma se ha acordado nada más recibirse el informe favorable del Ministerio de Hacienda.
La nueva orden supone el mayor incremento realizado por una administración pública en materia de asistencia jurídica gratuita. Los módulos y bases económicas por los que se retribuyen los servicios de estos abogados y procuradores se fijaron en el Real Decreto 996/2003 de 25 de julio y, desde entonces, no se habían actualizado. El objetivo de la norma, por tanto, es atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años por la congelación de estos conceptos, así como atender, en la medida en que el Presupuesto lo permita, a la mayor complejidad y dedicación que exige el derecho de defensa ante los tribunales.
La norma, además, presta especial atención al asesoramiento y asistencia jurídica inmediata a las mujeres víctimas de violencia machista como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Pacto de Estado sobre Violencia de Género, donde el incremento del baremo es superior a la media señalada (24%).
El incremento de los créditos destinados a la asistencia jurídica gratuita en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 asciende a 11.984.940 euros, lo que supone una subida del 32,7% frente a los del año 2017. La cuantía total destinada a este concepto durante este ejercicio alcanzará los 48,7 millones de euros.
