BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)
El exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha afirmado que, desde el punto de vista "estrictamente jurídico", puede haber "diversas formas de enfocar la política penitenciaria", si bien ha precisado que "corresponde a los responsables políticos" decidir si deben adoptarse medidas en esta materia tras el cese de la actividad armada de ETA, de cuyo anuncio se cumplen cuatro años.
Conde-Pumpido se ha pronunciado de este modo en unas jornadas de la Fundación Sabino Arana en Bilbao, en las que cerca de medio centenar de jueces, magistrados, fiscales, abogados penalistas, políticos y académicos han debatido sobre el papel de la justicia ante el final de ETA, coincidiendo con el cuarto aniversario del anuncio de cese de la actividad armada de la banda terrorista.
En esta edición, los participantes han analizado la situación actual en materia de derechos humanos y derechos fundamentales tanto en el Estado como en el conjunto de Europa en el nuevo escenario sin ETA. El seminario, coordinado por la exvocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria, ha contado con las ponencias del exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Alejandro Saiz.
En concreto, Conde-Pumpido ha abordado la aplicación a presos de ETA del tiempo de cumplimiento de sentencias dictadas en Francia y el debate suscitado sobre la trasposición de la Decisión Marco de 24 de julio de 2008. El magistrado del Tribunal Supremo ha explicado los argumentos jurídicos por los que formó parte de "la minoría" en el Supremo que, en la sentencia del pleno de lo Penal en enero de este año, se mostró favorable al cómputo de sentencias francesas en España.
Asimismo, el que fuera fiscal general del Estado ha recordado el "mucho" trabajo que se realizó, en su etapa en este cargo, para poder conseguir "una etapa en la que se acabara la violencia" y ha considerado que, cuatro años después del cese de la violencia por parte de ETA, "estamos en una etapa nueva en la que afortunadamente no hay violencia" y en este momento "debemos contemplar fundamentalmente un futuro de paz para los españoles", en el que "en absoluto se debe relativizar" lo sucedido.
A su entender, es "indudable" que "el escenario político y social es diferente", ya que ha habido "una evolución positiva" que, no obstante, "no quiere decir que no tengamos que tomar en consideración el daño que se ha sufrido y que a las víctimas no les ofrezcamos el respeto y la consideración necesaria".
Conde-Pumpido ha eludido realizar "ningún pronunciamiento de carácter político" sobre la actual política penitenciaria y, en este sentido, ha insistido en que las medidas que deben adoptarse en esta materia corresponden a los responsables políticos.
Desde el punto de vista "estrictamente jurídico", ha considerado que "puede haber diversas formas de enfocar la política penitencia". Según ha planteado, "si jurídicamente solo hubiera una interpretación, no podría haber una política, tiene que moverse en el ámbito de diversas opciones".
DENUNCIAS DE TORTURA
Por su parte, Alejandro Saiz ha analizado el 'Proceso penal: entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho de la Unión Europea', con una ponencia en la que ha abordado "el impacto" que el derecho europeo ha tenido durante los últimos "20 o 25 años" en los estados de la UE.
En este sentido, ha planteado que los estados han vistos "limitada su soberanía" en materia de derecho penal para "definir sus hechos típicos y fijar las sanciones imputables" o para establecer las garantías en el proceso, como consecuencia de la integración europea.
El experto en derecho ha considerado que la "adecuación" del poder judicial en España no es "distinto" al resto de los poderes judiciales de otros países europeos. "Trabajar en un contexto desconocido crea incertidumbres, titubeos, problemas aplicativos que son propios de cualquier poder judicial de cualquier Estado", ha señalado.
En este sentido, ha opinado que la situación vivida con la sentencia sobre el cómputo de penas de los reclusos de ETA es "perfectamente explicable en un contexto como el europeo".
Por otro lado, se ha referido a las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre denuncias de torturas en España, en las que en "varias" ocasiones se ha condenado por "falta de investigación suficiente de la denuncia de quien se considera víctima de malos tratos o torturas".
Saiz ha asegurado que esta doctrina ha sido "ya metabolizada" por el poder judicial español y, en este sentido, ha recordado que las sentencias del tribunal europeo se refieren a hechos de "muchos años atrás". "A día de hoy, el Tribunal Constitucional español ha otorgado ya varios amparos en aplicación de esa doctrina", ha señalado.
ASIGNATURA PENDIENTE
Por su parte, el presidente de la Fundación Sabino Arana y exconsejero de Interior, Juan María Atutxa, ha considerado que, cuatro años después del anuncio del cese de la actividad armada de ETA, se han dado "pasos significativos en la buena", aunque no se haya alcanzado "velocidad de crucero".
En este sentido, ha destacado el avance en la conformación del denominado 'suelo ético' sobre "los pilares de la persona, los derechos humanos y la deslegitimación de cualquier violencia". "Sin equidistancias, pero sin ambages, la confirmación del suelo ético exige, en primer lugar, la deslegitimación de la violencia de ETA, pero también de las vulneraciones de derechos propiciadas en no pocas ocasiones por una mal entendida política antiterrorista y ejercidas en otros contextos de violencia", ha indicado.
También ha resaltado que se ha avanzado "de manera significativa" en la construcción de la memoria a partir del "principio básico" de que "no debemos pasar página sin más, como si nada hubiera ocurrido" porque "el silencio, la amnesia y el olvido son quizás pan para hoy pero hambre segura para mañana". "El futuro debe tener memoria, crítica y autocrítica, por parte de todos y especialmente por parte de ETA", ha defendido.
Atutxa ha reivindicado que esa memoria debe ser "coral" y constituir un "compendio de todas las memorias", y ha señalado que también se han producido avances en el reconocimiento de las víctimas "institucional, legal, afectivo, social y moral".
"Avanzamos en la buena dirección, en la dirección de una Euskadi en paz y libertad, de una sana convivencia democrática. Estamos mejor que hace cuatro años", ha insistido el exconsejero vasco, que ha reconocido que "no ha sido, ni es, ni será un camino de rosas", sino que "hay obstáculos, piedras en el camino, palos en la rueda".
Tras augurar que "quizá tengamos que transitar el equivalente de toda una generación para restañas heridas", ha apuntado que ETA no ha dado "el pasado final" de su disolución, que no puede ser "táctico, ni estratégico ni el desenlace de una lenta agonía, sino fruto de la propia convicción". Por tanto, ha señalado, su disolución es "hoy un imperativo ético, político y democrático".
Asimismo, ha lamentado que el "nuevo tiempo" no se ha visto correspondido por "una nueva actitud de un Estado bunkerizado en el inmovilismo" y, en este sentido, ha criticado su "política de veto y de intolerable sumisión al chantaje político que ejerce el lobby de determinadas asociaciones de víctimas".
El presidente de la Fundación Sabino Arana ha advertido de que hay también "un frente en el que no hemos avanzado" en el derecho penal porque el Estado "no ha deconstruido el régimen de excepción creado en tiempos dramáticamente convulsos para luchar contra ETA". "La nueva justicia para el nuevo tiempo sigue siendo una asignatura pendiente", ha planteado.
