OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha firmado un acuerdo en este sentido con el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, y el vicedecano del colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo Aguirre. Los tres han comparecido en rueda de prensa junto con el director general de Jusitica, José Luis Villaverde.
El Gobierno autonómico adeuda en estos momentos el segundo (1,6 millones) el tercer (1,09 millones) y el tercer trimestre (1,5 millones) de 2014. En total, la partida destinada al turno de oficio en 2014 fue de 5,7 millones de euros. El play incluye el pago de los tres trimestres entre la primera mitad de marzo y principios del mes de mayo, y partir de ese momento se abonoarían las cantidades con regularidad trimestral.
Tanto Herero como Villaverde y Martínez han vinculado los retraso acumulados a cuestiones técnicas del aparato burocrático. Así ha cifrado el incremento presupuestario en materia de justicia gratuita que ha venido afrontando el Gobierno autonómico en los últimos tres años: un 40% en 2012 (hasta los 3,8 millones), un 28,9% en 2013 (hasta los 4,9 millones) y un 16,28% en 2014 (hasta los 4,4 millones).
Ambos representantes colegiados han mostrado su satisfacción por este acuerdo firmado, que eliminar la "irregularidad" en los gastos, según ha explicado Sergio Herrero. Luis Albo ha valorado el "esfuerzo de gobernanza de la Consejería" que permite que el servicio de justicia gratuita se pueda seguir prestando durante las 24 horas y los 365 días del año.
LEY DE TASAS
Guillermo Martínez exigió al Gobierno central que cumpla con el mandato de la Ley de Tasas, en la que se prevé destinar una cantidad del dinero recaudado a sufragar el turno de oficio, circunstancia que hasta la fecha no ha hecho. "Asturias se ha mostrado en contra de esta norma, porque siempre ha considerado a la administración de justicia un servicio público, pero si la ley contempla destinar parte del dinero recaudado a la asistencia jurídica gratuita el Ejecutivo del señor Rajoy debe cumplir con ella", puntualizó el titular de Presidencia.
No es la primera vez que el Gobierno asturiano reclama al Ministerio de Justicia que cumpla sus compromisos con Asturias. El Consejero de Presidencia lo ha hecho en reiteradas ocasiones, tanto en encuentros personales con el Secretario de Estado de Justicia; en las conferencias sectoriales, la primera en diciembre de 2013 y la segunda en noviembre de 2014; en las reuniones técnicas de los directores generales de las comunidades autónomas en el ámbito de la Dirección General de Justicia, o en los foros más específicos, como el Grupo de Trabajo que debatió la propuesta de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que aún no ha sido presentada por el Ejecutivo central.
Guillermo Martínez demandó también que el Gobierno de España, con las comunidades autónomas con competencias transferidas de justicia, establezca un sistema que garantice la financiación suficiente para mantener el sistema de asistencia jurídica gratuita. "Así lo hemos solicitado como le decía en todas las ocasiones en las que nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia e, incluso, lo planteamos en una propuesta conjunta con Andalucía y Canarias de un modelo de financiación en el que la distribución y reparto ha de hacerse anualmente aplicando un criterio ponderado y proporcional que armonice lo recaudado en cada territorio por las tasas judiciales con el número potencial de personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita", afirmó el Consejero de Presidencia.
El impacto real de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, por la que se modifica la Asistencia Jurídica Gratuita, tuvo ya su reflejo económico durante el tercer y cuarto trimestre de 2013, con un incremento de 44.000 y 42.000 euros, respectivamente, respecto a los mismos periodos del año anterior, experimentando una espectacular subida en el primer y segundo trimestre de 2014 con subidas de 282.000 y 208.000 euros, respectivamente. De hecho el incremento presupuestario de 2015 en parte está destinado a amortizar las subidas producidas por la entrada en vigor de la ley de tasas, a expensas de que el Ministerio de Justicia ofrezca una solución satisfactoria en la financiación que corresponde a Asturias.
