Transparencia: se inicia el debate sobre el proyecto de ley en el Congreso de Diputados
Para la prevención de la corrupción, fenómeno que tanto preocupa en la sociedad actual, la transparencia representa una de las medidas más eficaces. Ello ha sido ya percibido en el sector privado, en donde las empresas, que ahora también pueden llegar a ser responsables de determinados delitos, comienzan a implementar principios de transparencia, tales como el cumplimiento de programas de buen gobierno corporativo, programas de cumplimiento legal (compliance programmes), cumplimiento de obligaciones fiscales, de un código ético, implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos normativos y, en fin, canales de información pública de las retribuciones de los directivos y administradores. No cabe duda que en el futuro este proceso que se inicia de transparencia, como clara medida anticorrupción, culminará en una nueva cultura empresarial, en la que tan importante como la cuenta de resultados será la buena gestión y el cumplimiento de normas éticas.
En el sector público se está iniciando un proceso similar, que se plasmará legislativamente en la futura ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que los nuevos responsables públicos del partido que ahora gobierna, muy sensibles en esta materia, han puesto en marcha, sometiendo incluso el anteproyecto a consulta pública, que se ha visto así enriquecido con aportaciones de asociaciones y de numerosos ciudadanos. Ahora, la Mesa del Congreso acaba de admitir a trámite el proyecto de ley (septiembre de 2012), iniciando así su trámite en sede parlamentaria, en donde seguro que el proyecto será objeto de un amplio debate y contará con más aportaciones, siendo previsible que este mismo año pueda lograr su aprobación y posterior publicación en el boletín oficial del Estado.
No hay mejor sistema de control que el de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas, de manera que ésta pueda ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. Conductas como las que condujeron a la dimisión del anterior presidente del consejo general del poder judicial y a la consiguiente crisis de este órgano constitucional, es muy probable que se hubieran podido evitar, de haber existido un régimen de transparencia que permitiera conocer, con cierto detalle, la aplicación de los fondos de aquel órgano a actividades concretas del mismo. Ahora, en la nueva etapa que se abre en el consejo general del poder judicial, que culminará con la futura aprobación de una nueva ley orgánica del poder judicial, el pleno de este órgano ha aprobado, con buen criterio, un nuevo régimen de control de gestión, en el que la transparencia es el factor principal.
La transparencia es un instrumento idóneo para prevenir conductas corruptas, tanto en el sector privado como en el público, y debe servir, en este último, para que los gestores públicos, naturalmente incluidos los cargos políticos, actúen con la mayor responsabilidad, evitando situaciones de abuso de poder para provecho propio o de utilización de los cargos que se ostentan con fines diferentes al único que debe guiar la actuación de aquéllos, que no es otro sino el servicio prioritario a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y absoluta objetividad en el desempeño del cargo.
No cabe duda que con la futura ley de transparencia se habrá dado un paso más en la dirección hacia una democracia más avanzada, algo que hoy exigen los ciudadanos, que ponga fin a la corrupción, a personajes que sólo persiguen la política para medrar y buscar el beneficio propio, a una política, en fin, de racionalización de los recursos públicos, y de permanente servicio al ciudadano y al bien público.
