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Carmelo Soria

El fiscal pide el procesamiento de 7 militares chilenos por secuestrar y asesinar a Carmelo Soria en 1976

25/05/2012
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Formaban parte de los servicios secretos de la dictadura de Pinochet y están acusados de genocidio, secuestro y asesinato

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha solicitado el procesamiento de siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el representante del Ministerio Público imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal a los siete integrantes de la 'brigada Mulchen' del servicio secreto chileno, que únicamente respondía a las órdenes de la Junta Militar de Gobierno y "más tarde y exclusivamente" a las del general Augusto Pinochet, ya fallecido.

La acción penal se dirige contra el suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Juan Delmás Ramírez, ya fallecido, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch.

El Ministerio Público pide al juez Ruz que cuando acuerde los procesamientos dicte órdenes de busca y captura internacional contra todos ellos y solicite a Chile la extradición de los seis primeros y a Estados Unidos la del séptimo.

ELIMINACIÓN DE OPOSITORES

Según el relato de hechos del fiscal, Soria, que trabajaba como jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), fue asesinado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" que emprendió la dictadura chilena.

Cuando volvía a su casa de Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, fue secuestrado por los agentes de la DINA, que asegurando que había cometido una infracción de tráfico lo trasladaron a una vivienda situada en la vía Naranja, que era ocupada habitualmente por el norteamericano Michael Vernon Townley Welch y que funcionaba como "centro clandestino de interrogatorios y torturas".

En la vivienda, según el escrito del fiscal, los agentes de la DINA maniataron a Soria, le vendaron la cara y le fracturaron varias costillas mientras le preguntaban si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y le instaban a explicar cuál era "su misión en el país". Mientras tanto, Soria sólo murmuraba: "Pobre Chile".

SIMULARON UN ACCIDENTE

Tras asesinarle, los agentes le inyectaron media botella de pisco y le trasladaron junto a su vehículo hasta el barranco de un canal, al objeto de hacer ver que su muerte se había producido por un accidente de tráfico. Para dar veracidad a la simulación, colocaron en el vehículo la botella de pisco, que "sorprendentemente" no tenía huella dactilar alguna, y pusieron en el bolsillo de la chaqueta del cadáver una nota en la que un supuesto amigo contaba a Soria las supuestas infidelidades que habría cometido su mujer.

La nota, según recoge el escrito del Ministerio Público, no se correspondía con ninguna de las máquinas de escribir que se utilizaban en la oficina de Naciones Unidas y, de haber estado en el agua todo el tiempo, se habría deshecho.

Además, el fiscal destaca que en la época en la que se produjeron los hechos Soria no tomaba alcohol porque estaba ingiriendo analgésicos, a lo que hay que unir que sus manos aparecieron "crispadas", lo que sería, según el escrito, "signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico".

En su escrito, Bautista también sostiene que la Audiencia Nacional es competente para perseguir estos hechos a pesar de la limitación de la jurisdicción universal, puesto que Soria tenía la nacionalidad española y la investigación abierta en Chile fue archivada en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en el país sudamericano en 1978.

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