MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El abogado Diego de Ramón, que representa a los perjudicados, depositó también los 6.000 euros de fianza que le solicitó el juez Fernando Grande-Marlaska para personarse como acusación popular contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.
En noviembre de 2010, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón contra los gestores de la CAM. El pasado 23 de febrero, Grande-Marlaska fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que todavía se desconoce quien asumirá la investigación.
Un portavoz de la Plataforma CAM explicó a Europa Press que los contratos de los productos "colocados" a los clientes "prueban que fueron engañados, ya que se trataba de una compra de valores y no de un depósito, como figura en la documentación".
Además, los demandantes basan sus acusaciones en el informe del Banco de España en el que se acusa a la cúpula directiva de la CAM de maniobrar para enriquecerse, utilizar artificios contables para falsear los resultados con el objetivo de enmascarar pérdidas y obviar los riesgos del negocio de una entidad de crédito, entre otras prácticas inadecuadas.
En este sentido, acusa de las irregularidades a la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y al expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo, entre otros.
Entre otras medidas, los afectados solicitan a la Audiencia Nacional que dicte embargos contra los antiguos gestores de la CAM para hacer frente a las pérdidas sufridas por los clientes como responsables civiles subsidiarios de la quiebra de la entidad.
Por otro lado, la Plataforma CAM ha remitido el expediente del Banco de España a varios eurodiputados con el objetivo de que se estudie el caso en la Eurocámara. Además, también se está instando a los afectados extranjeros, entre los que se encuentran ciudadanos ingleses, italianos y suizos, a que pidan a sus respectivos embajadores que reclamen explicaciones al Gobierno español sobre la actuación de la CAM.
