UN COMPROMISO CON LA JUSTICIA
Venimos de unas elecciones de bajo voltaje, en contraste con la gravedad de los problemas que afrontamos. Como el de la justicia, casi ausente del discurso político. Solo algunas generalidades sobre la confianza en las instituciones, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o la agilización de los procesos. Así no se equivoca nadie. La justicia relegada en la escala de prioridades tal vez porque no admite soluciones rápidas; o porque una justicia organizada, eficaz y con la autoridad de la razón sería un límite demasiado incómodo para las acciones de gobierno.
Tampoco oímos hablar de un pacto de Estado sobre la justicia. Nadie parece dispuesto a ceder una brizna de poder o a comprometer su posición futura sobre las deficiencias de la maquinaria institucional que asegura el Estado de Derecho. Probablemente son los políticos quienes mejor saben qué da y qué quita votos, y nada debería objetarse a los que han vencido limpia y ampliamente. Pero no hay tiempo que perder si se trata de mejorar la justicia y la confianza en ella de los ciudadanos. Los abogados, mucho más que “cooperadores” con la Administración de Justicia como dicen nuestras leyes procesales, reivindicamos un papel protagonista en la solución de los problemas de la convivencia. Siendo decano de uno de los más importantes colegios de abogados de Europa, aunque escriba a título personal, me siento en la obligación de contribuir a un diagnóstico global, que resumo en los siguientes cinco puntos para el cambio:
Primero: volver a poner en valor la Constitución como expresión de un pacto social cargado de futuro e informado por principios cuya fuerza transformadora dista mucho de haberse agotado en la construcción del Estado social y democrático de derecho. Tengo pocas dudas de que hace unos años el espíritu constitucional estaba más presente que hoy en la acción de los poderes públicos. Entonces no habrían sido siquiera imaginables sucesos como la quiebra de la confidencialidad de las comunicaciones personales entre abogado y cliente en la privacidad engañosa del locutorio de una prisión, o el maltrato deliberado al sistema de asistencia jurídica gratuita por parte de las administraciones que tienen la obligación de atenderlo, poniendo en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos más necesitados. Hay una regresión generalizada de los principios y valores constitucionales ante la “necesidad” de soluciones expeditivas. Sin embargo, el Estado de Derecho se desangra por las grietas abiertas para actuar de forma supuestamente más eficaz: no hay transacción posible con los derechos fundamentales, ni entre el valor superior de la justicia y las razones de la economía, la urgencia o la demagogia.
Segundo: exigir de todos los poderes la estricta observancia de las normas que definen el sistema institucional de la justicia; el respeto real y no ritual a la independencia de Juzgados y Tribunales; el fiel cumplimiento de plazos y fines de actuación, proveyéndose a tiempo los nombramientos, decididos solo por la idoneidad de los candidatos, sin que estos o aquellos caigan en la tentación de obrar con fines partidistas, o simplemente no generales, ante la impunidad que proporciona la ausencia de instrumentos eficientes contra la desviación de poder. Incluyo aquí la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, los nombramientos de y por el Consejo General del Poder Judicial; pero también el cumplimiento en tiempo por las Administraciones Públicas de las sentencias firmes y el de sus obligaciones legales frente a los administrados exactamente igual que a estos se les exigen sus cargas e impuestos, así como una mayor diligencia en la proyección y disposición de medios económicos para fines de gestión pública con los recursos de todos. Dado que la observancia espontánea de las normas no parece suficiente, convendría reforzarla mediante mecanismos sancionadores que incluyeran la responsabilidad personal de los gestores negligentes. No puede haber tanta asimetría entre la justicia del ciudadano y la del Estado, como si este ocupara un espacio inmune.
Tercero: racionalizar la arquitectura competencia! de la Administración de Justicia. Hay que poner fin a la superposición ineficiente de dependencias, al rompecabezas de comunidades con competencias transferidas y comunidades que siguen siendo “territorio Ministerio” para organizar los siempre limitados medios de la justicia. En unas y otras los jueces y magistrados están subordinados al Consejo General del Poder Judicial, cuyas resoluciones en materia de nombramientos y disciplina son recurribles ante el Tribunal Supremo para mayor incertidumbre, mientras que los secretarios judiciales reportan al Ministerio de Justicia, el personal auxiliar a la Comunidad o al Ministerio de Justicia, según las transferencias, los fiscales a la Fiscalía General del Estado, y todos, en lo presupuestario, dependen del Ministerio o la Consejería de Economía de turno. Así no es posible asignar responsabilidades. Nadie tiene la llave de una cohabitación imposible cuyo buen orden requiere antes del consenso que de proclamas para devolver al unas competencias que no se han sabido ejercer, enviándose mensajes de desafección institucional por quienes tienen la obligación de resolver los problemas en lugar de crearlos.
Cuarto: dotar a la Administración de Justicia de los recursos necesarios. Tanto para adapta actual geografía humana la demarcación y planta territorial de nuestros tribunales, herederas de una sociedad rural, como para impulsar y reorientar en lo necesario la reforma de la oficina judicial y culminar el recurso útil a las herramientas tecnológicas; o para aproximarnos al número de jueces por habitante de los países más avanzados de nuestro entorno, reduciendo los porcentajes de jueces sustitutos y personal interino que esfuerzo de su desempeño, lastran objetivamente la calidad de nuestra justicia. La penosa situación de las cuentas públicas no puede saldar con la congelación o la reducción generalizada, partida a partida, de los presupuestos. Habrá que establecer prioridades y diseñar políticas inteligentes que, aun orientadas en conjunto a consolidación fiscal, permitan recortar los gastos menos necesarios y reforzar aquellas áreas c impacto para racionalizar la gestión, preservar la seguridad jurídica y fortalecer la cohesión. No solo en justicia.
Y quinto: modernizar la formación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios y personal auxiliar. El acceso a esta función pública y la promoción y movilidad dentro de ella, siguiendo principios de mérito y capacidad, han de asegurar junto con el conocimiento material del derecho, el dominio de las competencias necesarias para ejercer las funciones organizativas ligadas a la jurisdicción. En lo posible, habría que aproximar esa formación a la de los abogados y otros profesionales del derecho para facilitar la integración de una auténtica comunidad jurídica, dentro del espacio común europeo, al servicio de la sociedad y del interés general de la justicia.
Cabría proseguir y hablar de la reforma de la instrucción penal, de la garantía de la doble instancia, o de una Ley Orgánica de la Defensa que regule unitariamente los diversos derechos fundamentales afectados en relación con el derecho de todos a tener derechos en la lúcida formulación de Hannah Arendt. Un derecho, este, anterior a otros tan básicos como el derecho a la sanidad o a la educación, y que en entredicho en un mundo donde la búsqueda de la seguridad y la tentación de regular los movimientos de personas profundizando las fronteras producen desigualdades esenciales. Pero, por todo, hay que transmitir a la sociedad la de un compromiso con la justicia; un compromiso político y ciudadano que sitúe los problemas de la justicia en el lugar central que les corresponde dentro del mapa institucional de una España abierta a la comunidad internacional, falta también herramientas jurídicas para gestionar la globalización. Un compromiso al que solo puede desde la reflexión serena, sin improvisaciones, y mediante un amplio consenso a partir del diálogo plural con todos los actores implicado que la abogacía ofrece lealmente desde responsabilidad social.
