MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que pide al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y al presidente del Senado, Javier Rojo, que le consulte en lo sucesivo cualquier modificación legislativa que afecte a la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ), aunque ésta se realice vía enmienda.
Los vocales han debatido en la sesión plenaria celebrada este lunes la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introdujo vía enmienda un precepto que permite a los jueces, fiscales y secretarios judiciales que han tenido un cargo político computar este periodo como tiempo efectivo en su Carrera para no perder antigüedad en el escalafón.
Los miembros del órgano de gobierno de los jueces han decidido dirigirse a las Cortes, "desde el reconocimiento" a su "preeminencia política" y al "más estricto respecto de sus competencias", al no haber consultado a esta institución una materia "tan nuclear" que afecta al estatuto orgánico de los jueces y magistrados y que no venía incluida en el anteproyecto que se les sometió a debate.
El Pleno ha trasladado así "la conveniencia de que, ante cualquier modificación legislativa -aunque ésta sea por vía de enmienda- que afecte a las materias incluidas en el artículo 108.1 de la LPJ, pueda ser consultada al CGPJ, en su condición de órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial".
ALONSO, CAMACHO O ZOIDO, BENEFICIADOS
EL CGPJ realizó un informe sobre el Anteproyecto de reforma que le fue remitido en su día sobre otros cambios operados en la LOPJ, si bien este punto concreto se incluyó vía enmienda en el último trámite parlamentario.
El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ ya tomó conocimiento de un escrito de queja remitido el Foro Judicial Independiente muy crítico con las formas con las que el Parlamento aprobó vía enmienda esta modificación legal en la Ley de Agilización Procesal.
El CGPJ ha aplicado la reforma en tres ocasiones hasta el momento. El pasado martes se pasó a situación de servicios especiales al diputado socialista por Córdoba Juan Luis Rascón, al igual que una semana antes se había hecho respecto del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, y del alcalde del Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP.
Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de octubre que el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Manuel Campos Sánchez, habían sido los primeros fiscales que han estrenado las ventajas incluidas en la nueva legislación. A éstos se ha unido recientemente el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, también fiscal de carrera.
La reforma supone la modificación del artículo 351 de la LOPJ, de modo que se permite a los miembros de la judicatura, a los fiscales y a los secretarios judiciales que ocupen cualquier cargo político o de confianza el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con lo que mantienen el cómputo de antigüedad.
Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que el Consejo emitiera una manifestación institucional sobre el anuncio del cese definitivo de la violencia decretado por la banda terrorista ETA, finalmente este punto no ha sido incluido en su orden del día ni tampoco ha sido planteado por ningún vocal durante la sesión.
