En palabras del máximo responsable de la asociación profesional de abogados, en caso de obtener el visto bueno del Ejecutivo valenciano, “podríamos contar con una red gratuita en los principales municipios y cabezas de partido de la Comunidad Valenciana”.
Los abogados que voluntariamente participasen en esta iniciativa asesorarían a los principales afectados por la suspensión del Plan Hidrológico Nacional en las reclamaciones previstas. “Fundamentalmente, las derivadas de las paralización de todos los procesos de adjudicación de obras y de expropiación que ya se han producido”, puntualizó Enrique Fliquete.
Desde la Asociación profesional de abogados y juristas se apunta que empresas adjudicatarias y particulares afectos a procesos de expropiación son los principales afectados por la medida acordada por el Gobierno central. “La Ley de Contratos de Administraciones Públicas determina el derecho a ser indemnizado con el 6% del valor de la obra, sin perjuicio de las consecuencias en los trámites de expropiación de terrenos”.
