La unanimidad conseguida entre universidades en el “X Congreso de Representantes de Derecho de las universidades españolas” hace prever una oposición entre estudiantes y quienes creen necesario un examen o un curso de especialización una vez conseguida la licenciatura.
El argumento principal esgrimido por los estudiantes es el llamado “Proceso de Bolonia”, que en 1999 reunió a diferentes Ministros europeos de educación con el objetivo de equiparar los planes de estudios de las carreras.
En el caso de la carrera de Derecho el “Proceso de Bolonia” prevé establecer el grado de licenciatura en cuatro años y un postgrado de especialización de uno, por lo que los estudiantes no comprenden por qué la Proposición de Ley sigue adelante.
Según los estudiantes universitarios, la Proposición de Ley de Acceso a la profesión de abogado y procurador es injusta porque una vez que pase esa vacatio legis de cinco años, la Ley va a afectar a todos los estudiantes que se incorporen, pero también a todos los licenciados que no se hayan colegiado.
De las conclusiones del Congreso se desprende que el “Proceso de Bolonia” es una oportunidad única para conseguir una licenciatura de Derecho con evolución continua, una carrera más práctica y un postgrado de especialización con precios públicos en la universidad y considera incompatible el examen y el curso de especialización descritos en el borrador del Ministerio de Justicia.