Así lo manifestó el fiscal durante el curso “Delitos contra la Humanidad y el Tribunal Penal Internacional”, celebrado en Segovia, que dirige en el marco de los cursos de verano que la Universidad San Pablo-CEU.
El fiscal y profesor del centro universitario explicó la posición española en la conformación del alto tribunal, y aseguró que España “ha firmado el Estatuto de Roma para incorporarse a la Corte Penal Internacional pero no ha adecuado sus estructuras a sus futuros requerimientos jurídicos”.
En este sentido, indicó que el sistema penal español no está aún al nivel europeo e insistió en que el legislador español tiene que adaptar su conducta a la de la Corte Penal Internacional.
Por otra parte, el fiscal puso de manifiesto algunos de los impedimentos que plantea el Estatuto de Roma respecto a la creación de la Corte Penal Internacional, tales como el posible veto del consejo de Seguridad de la ONU, la inmunidad de un asunto cuando se esté investigando por un Estado, la inmunidad de los jefes de Estado, el carácter de imprescriptibilidad de algunos delitos o las garantías asistenciales del acusado.
