Ambas disposiciones, cuya finalidad es mejorar la lucha contra la delincuencia y aumentar, en consecuencia, la seguridad ciudadana, serán enviadas a informe al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. En total, representan una modificación del Código Penal que abarca 175 artículos.
El primer texto legal, que el Gobierno tratará con carácter de urgencia, se refiere a medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Esta Ley se concibe como complemento de la puesta en marcha, el próximo 28 de abril, de los juicios rápidos.
En relación a la violencia doméstica, el texto endurece las penas y garantiza la protección de las víctimas desde el primer momento en que sufren el maltrato, de manera que vean amparados sus derechos como respuesta inmediata a la agresión sufrida.
El Anteproyecto modifica el artículo 149 del Código Penal estableciéndose como delito singular de lesión la práctica de la mutilación genital. Igualmente, modifica el artículo 318 del Código Penal imponiendo la pena de cuatro a ocho años de prisión a quienes trafiquen con seres humanos y de cinco a diez años cuando ese tráfico tenga como propósito la explotación sexual.
El otro texto legal tiene por objeto modificar las penas y los delitos del Código Penal con el fin de incorporar nuevas realidades delictivas o sustituir penas que se han demostrado ineficaces y agravar la comisión de determinados delitos.
Para ello define catorce nuevos tipos penales como los referidos a la sustracción de teléfonos móviles, protección de la propiedad intelectual, maltrato de animales y violencia en el deporte.
El texto suprime la pena de arrestos de fines de semana que es sustituida, según la naturaleza y gravedad del delito, por condenas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad o la localización permanente.
La reforma potencia algunas penas como la de alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad y el comiso.
Otra importante novedad es la incorporación de la responsabilidad de las sociedades cuando quien comete determinados delitos las utiliza como instrumento o tapadera para la comisión de los mismos. Singularmente, se aplica en crimen organizado, terrorismo, narcotráfico o fraude.
