El Decreto 136/2002 se dicta para hacer frente a la demanda por parte de los consumidores de procesos que garanticen la calidad y la seguridad alimentaria.
La finalidad del Decreto es asegurar el derecho de los consumidores a recibir una información veraz y, para ello, regula la certificación privada de los productos agroalimentarios por ser un instrumento válido para asegurar este derecho.
Sin embargo, como no puede entenderse la existencia de un sistema de control o certificación privada desregulado, el Decreto 136/2002 establece los procesos de autorización administrativa adecuados, mediante la inscripción previa en un Registro de carácter público.
En este Registro, que crea el Decreto autonómico, las empresas que deseen operar como entidades de inspección y/o certificación en la cadena alimentaria habrán de demostrar las garantías suficientes, tanto en orden a su imparcialidad e independencia, como en términos de responsabilidades exigibles ante terceros.
Por tanto, el Registro de Entidades privadas que implanta el Decreto 136/2002 es un instrumento de regulación de la actividad de las entidades de inspección y/o certificación privadas, cuya finalidad es salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurar la defensa de la calidad de los productos.
