BRUSELAS, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Se aplicará a partir de 2020 a todos los ciudadanos no comunitarios que transiten por la frontera exterior de la UE, necesiten visado o no, y quedará registrado en el sistema información del pasajero como su nombre, documento de viaje, huellas dactilares, escáner facial, fecha y lugar de entrada o si le ha sido denegada la entrada al espacio Schengen.
La base de datos común almacenará la información durante un periodo de tres año, ampliable a cinco años si se trata de una persona que haya violado, por ejemplo, el periodo de estancia autorizado.
Ello permitirá cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, incluido el Sistema de Información de Schengen (SIS) y las de Interpol u otras agencias, para verificar si la persona utiliza papeles falsos o robados o si el individuo representa una amenaza para el orden público.
También las autoridades en frontera y que conceden los visados tendrán acceso a la base de datos, que, sin embargo, no podrán consultar las autoridades nacionales de asilo.
La Unión Europea sostiene que con el cambio de sistema se reemplazarán los métodos manuales para sellar los pasaportes y se acelerará el paso de personas en las fronteras, al tiempo que se mejora la detección de estancias ilegales y la falsificación de documentos.
Participarán todos los países que integran el espacio sin fronteras Schengen y también Rumanía y Bulgaria, Estados miembro que no forman parte de Schengen aún pero que sí han superado la evaluación.
El ponente de la posición europarlamentaria, el español Agustín Díaz de Mera (PP), ha destacado que el nuevo sistema de control permitirá identificar "más fácilmente a los criminales con identidades falsas" y "saber en tiempo real quien está dentro de la frontera europea de manera irregular".
Desde el grupo de Los Verdes europeos, sin embargo, han puesto en duda que las nuevas reglas sean eficaces en el control de la frontera y han avisado de que podrían no ser "compatibles" con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en materia de protección de datos y derechos fundamentales.
"Es inaceptable que personas pasajeras ordinarias tales como turistas y gente de negocios sean objeto de sospecha generalizada. No hay ninguna evidencia de que este sistema vaya a ayudar a la policía en la lucha contra los crímenes graves y el terrorismo", ha criticado el eurodiputado Ernest Urtasun (ICV).
