MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado este martes ante el Consejo Fiscal que vaya a suspenderse la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tal y como han solicitado hasta seis asociaciones de jueces y fiscales, si bien ha ofrecido refuerzos materiales y personales que faciliten que pueda cumplirse el pazo de seis meses que, desde el próximo 7 de diciembre, tendrán los representantes del Ministerio Público para revisar y calificar los más de 370.000 causas pendientes como sencillas o complejas.
Así lo ha explicado Catalá al término de la reunión de más de dos horas que ha mantenido con los miembros del Consejo Fiscal, quienes han insistido en la necesidad de suspender la entrada en vigor de la norma, según ha reconocido el propio titular de Justicia. No descarta estudiar una posible suspensión si se ve, el próximo mes de junio, que el cumplimiento de la ley no es posible.
Entre los medios ofrecidos para que se puedan cumplir con los plazos Catalá se ha referido a la mejora de la gestión procesal, una mejor coordinación con los jueces instructores, medidas tecnológicas y refuerzos "cuando sean necesarios". Dichas medidas se implantarán desde este mismo momento, cuando la Fiscalía comunique al ministerio "las necesidades que tiene".
La Fiscalía, según reconoce el propio ministro, debe realizar un trabajo respecto a las diligencias pendientes, que son 370.000 , "y luego desde allí deberá llevar velocidad de crucero con un sistema de trabajo permanente y continuado".
Para ambas labores de los fiscales se les dotará de medios materiales y personales "que garanticen que los fiscales pueden realizar su trabajo satisfactoriamente".
NO HABRÁ IMPUNIDAD
Respecto a las críticas sobre el peligro de que los plazos generen impunidad al no dar tiempo a estudiar las causas, Catalá ha manifestado que tanto él como la fiscal general, Consuelo Madrigal, han descartado dicho extremo durante la reunión porque la propia Ley establece mero transcurso de los plazos no producirá el archivo de las causas.
"Es tan evidente y tan obvio que creo que ahí hay un ejercicio de crítica más dialéctica que jurídica", ha añadido Catalá, que defiende que la norma da tanto al fiscal como al juez capacidad para prorrogar los plazos y practicar todas las diligencias que sean necesarias.
Pese a insistir en la suspensión por la aplicación de los plazos , Catalá ha apuntado que los miembros del Consejo Fiscal han destacado como "positivos" otros aspectos de la instrucción y que era el primero el que les generaba preocupación.
"Por eso les he dicho, tomemos las medidas necesarias que hagan posible el cumplimiento de la Ley y acreditemos los medios para que se pueda llevar a cabo sin ningún problema y sin ninguna dificultad", ha señalado.
En el orden del día de la sesión del Consejo de hoy se incluía precisamente el estudio de la futura Instrucción que la Fiscalía General del Estado remitirá "Sobre los plazos máximos de la fase de Instrucción".
El ministro venía insistiendo en los últimos días en que, al contrario de lo que vaticinan hasta seis asociaciones de jueces y fiscales defiende que el cumplimiento de los plazos de la instrucción no supondrá impunidad, ya que la propia norma establece que ningún asunto se va a archivar o sobreseer "por el mero transcurso del tiempo".
