MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La sentencia dada a conocer este miércoles señala que la contratación de las monitoras fue "injusta y arbitraria" pero concluye que no hay prueba de que la entonces alcaldesa fuera conocedora de dicha arbitrariedad porque no participó en la selección de las trabajadoras.
"No se ha probado que la alcaldesa haya dictado las resoluciones arbitrarias que se le imputan a sabiendas de su arbitrariedad y por lo tanto que se le pueda imputar un delito de prevaricación", y añade que tampoco hay pruebas de que actuara de común acuerdo con una exconcejal que también estaba acusada del mismo delito.
El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y otra edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.
Durante el juicio por estos hechos, celebrado el pasado 11 de febrero, Diego negó haber tenido responsabilidad alguna en las contrataciones y acusó al interventor municipal en esos momentos de acosarla para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.
