MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)
La causa vista este lunes está dentro del acuerdo de conformidad alcanzado con las defensas. Los acusados aprobaron por unanimidad en distintas comisiones de gobierno tanto la licencia para el proyecto básico de 10 viviendas en la zona de Cristo de los Molinos y otras dos para proyectos de ejecución; en todos los casos "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas" pues no se había desarrollado un plan parcial.
La resolución se ha dictado 'in voce' al no haber comparecido la acusación particular, representada por el PSOE, que pedía condenas distintas. Las penas impuestas a cada procesado varían según el mandato al que pertenecieran. Así, en el caso de Muñoz y los exediles Rafael González y Marisa Alcalá se les ha condenado, de conformidad con lo solicitado por el ministerio fiscal, a un año de prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo.
En lo que respecta a Alberto García, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa, la condena es de nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para cargo público electo. En este grupo debería estar el exedil Francisco Javier Lendínez, que se fugó tras ser condenado precisamente por un delito urbanístico dentro de este acuerdo de conformidad, y que fue detenido hace dos semanas, estando actualmente en prisión.
Ante dicha circunstancia de haber estado en busca y captura durante ese tiempo, la acusación pública ha solicitado una pena de 15 meses de cárcel e igual inhabilitación que para los demás, algo con lo que la defensa del procesado y el propio Lendínez, que ha venido conducido desde la prisión provincial al igual que Julián Muñoz, se han mostrado conforme.
Por último, la exregidora Marisol Yagüe --que por primera vez se ha conformado en un procedimiento--, García Marcos, Rafael Calleja, José Jaén, Carmen Revilla y el exedil del PA Pedro Pérez han sido condenados a 12 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros; es decir, 3.600 euros --con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas--; y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo.
A la salida de los juzgados y a pesar de la conformidad, García Marcos ha asegurado que "nunca me declararé culpable de algo que no he hecho", aunque ha explicado que no tiene "dinero bastante para pagar tanto juicios y aunque lo tuviera no confío en la justicia". "Me resulta mucho más cabal esto, aunque de cabal no tenga nada ni para mí ni para nadie", ha señalado, añadiendo que "es imposible esperar justicia ni tampoco aplicación de la legalidad vigente".
Al respecto, ha afirmado que "ojalá nos hubieran aplicado la legalidad vigente, porque nos hubiera ido de distinta manera". "Ni lo han hecho ni yo lo espero, no había voluntad, para eso hay que ser de un partido fuerte o una organización de otra índole fuerte, entonces a veces se respeta algo la justicia y la legalidad vigente, no es nuestro caso", ha manifestado la exsocialista.
"Somos huérfanos y por lo tanto estamos desamparados", ha apuntado García Marcos, añadiendo que "primero teníamos que haber creído en la justicia o en la legalidad vigente y creo que vivimos en un país en el que no se puede creer ni en lo uno ni en lo otro". Ha justificado que por esto y "con lo carísima que es la justicia, terminas pensando que hay cosas más económicas desde el punto de vista anímico, de la salud física y desde el punto de vista económico".
Ha reiterado que "justicia no hay detrás de un juicio, como hemos podido ver en el caso 'Malaya'", contra la corrupción en Marbella, en el que ha sido condenada a cuatro años de cárcel; insistiendo en que "tampoco se aplica la legalidad vigente" y en que "no es lo mismo pertenecer a un partido político que no tener partido político".
